Hace un tiempo escribí un artículo donde advertía que la mayoría de los medios tradicionales y sus periodistas tenían una tendencia bien marcada hacia la izquierda. Considero esencial leer ese artículo anterior como base de lo que sigue.
De hecho, los ataques a la embajadora son cada vez más intensos, y los más crudos provienen de una diáspora con fuertes vínculos con Medio Oriente.
Es evidente que el periodismo de izquierda no se siente cómodo con Leah Campos. Ella viene a defender valores que ya estaban bastante disminuidos: los valores familiares, el derecho a la vida, la religión, el patriotismo, la libertad de expresión y, sobre todo, la idea de América para los americanos. No deberíamos descartar que ciertos periodistas de medios tradicionales, con influencia entre el público, han lanzado críticas fuertes contra la embajadora, asimismo, estos periodistas fueron formados por la izquierda. Incluso en los tiempos de Joaquín Balaguer hacían acusaciones desenfrenadas porque lo veían como un protegido de EE. UU., quien ayudó a contener el comunismo dominicano.
Incluso, desde el punto de vista de esos comunicadores, la administración Trump estaría perdiendo la batalla frente a Irán. Es como si trataran de invertir los roles: si se les escucha, da la sensación de que la situación de Irán fuera la situación de Estados Unidos, y de que Estados Unidos hubiese sido el gran afectado por lo ocurrido en Medio Oriente.
La embajadora sabe que los jóvenes y los comunicadores digitales tienen una mayor cercanía con los ideales de Estados Unidos, e incluso respaldan las ideas de Donald Trump. Por eso, cuando ella pide libertad de expresión, muchos reaccionan como si esa postura fuera una injerencia. La idea que tratan de vender a los dominicanos es que la embajadora interfiere en asuntos internos al pedir libertad de expresión.
Hasta ahora, la administración de Abinader y sus comunicadores afines llevan la ventaja. Han logrado instalar en el imaginario colectivo la idea de que los comunicadores independientes de las redes sociales son criminales. Esta estrategia combina con lo que suele llamarse lawfare: el uso del aparato legal para dar la apariencia de criminalidad a comunicadores digitales independientes de tendencia conservadora. En este punto, la embajada se ha mantenido con los brazos cruzados, porque ningún candidato de derecha, ni ningún comunicador familiarizado con la cultura estadounidense, podrá defender abiertamente los valores de América para los americanos y las ideas de Donald Trump bajo el nuevo código penal, que funciona como una ley mordaza.
Para entender lo que hizo la administración de Abinader conviene aplicar la teoría del árbol envenenado. El primer argumento que usó esa administración para desprestigiar a los comunicadores en redes sociales fue acusarlos de extorsionadores y chantajistas. Entre los afectados por esta campaña estatal hay ciudadanos estadounidenses, y Estados Unidos y el FBI tienen jurisdicción clara para investigar. Estas acusaciones resultaron falsas. El patrón de la campaña mediática notas de prensa casi idénticas replicadas en varios medios sugiere que se trató de una estrategia estatal para limitar la libertad de expresión.
Esta estrategia se parece, en su forma, a la que utilizó el chavismo en Venezuela, donde el régimen logró instalar la idea de que los periodistas que investigaban corrupción pertenecían a redes extorsivas de El Aissami. El parecido metodológico entre ambos casos merece ser investigado. Si agencias de inteligencia contrarias a Estados Unidos estuvieran interesadas en mantener cierto control sobre la región, República Dominicana no sería un objetivo menor, sobre todo mientras Venezuela, Colombia y Cuba avanzan hacia resoluciones favorables a Washington.
Para resolver esta duda, lo más útil sería que la embajada y el FBI investigaran a fondo el origen de las acusaciones contra los comunicadores independientes. Si se confirma que la campaña se basó en información falsa, quedaría en evidencia que la administración de Abinader actuó de manera criminal frente a jóvenes y comunicadores que entienden la cultura estadounidense, los valores cristianos dominicanos, el patriotismo, la familia y el derecho a la vida. Por eso considero que es tiempo de que la embajadora actúe con mayor firmeza.
Para cerrar, vale la pena recordar la visita de la señora Campos a CDN, donde defendió la libertad de expresión. Allí explicó que en Estados Unidos existe libertad de expresión, pero que esta no ampara conductas inmorales; es decir, no equivale a libertinaje. Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente sobre República Dominicana, señaló que durante su tiempo en el país había podido apreciar un ambiente de libertad de expresión sano, dentro de los márgenes normales, hablando como observadora tanto de la administración Trump como de forma independiente. Lo preocupante es que, después, algunos comunicadores distorsionaron sus palabras, presentándola como si estuviera de acuerdo con la libertad de expresión pero no con el libertinaje, sin mencionar que, al ser consultada puntualmente sobre el país, ella había descrito ese ejercicio como sano, algo que en ningún caso justificaría una ley mordaza.
Kapulett plantea que el Departamento de Estado y la embajada alerten a los estadounidenses en República Dominicana sobre la situación de la libertad de expresión en el país, incluyendo el riesgo de penas de entre cinco y diez años por publicaciones en redes sociales bajo el nuevo código penal.
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