Desde los inicios de la administración de Luis Abinader han aumentado las denuncias sobre la presencia de Hezbollah en República Dominicana. De manera indirecta, diversas investigaciones del analista Kapulett han mostrado indicios de que el país habría sido utilizado como nodo logístico, o al menos así lo parece.
Todo comienza a tener sentido cuando Estados Unidos, a través del acuerdo Escudo de las Américas, exigió al gobierno dominicano declarar a La Guardia de la Revolución Islámica Iraní y a Hezbollah como grupos terroristas. El 12 de mayo de 2026, el Gobierno dominicano cumplió con esa exigencia: declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbollah como organizaciones terroristas mediante decreto firmado por el presidente Abinader.
La medida se enmarcó explícitamente en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad con Estados Unidos y en los compromisos del país para combatir el terrorismo y el crimen transnacional, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pareciera que Estados Unidos se hizo eco de las denuncias que venían ocurriendo en el país. Sin embargo, si solo fueran las palabras del analista OSINT Kapulett, esto quedaría como una investigación aislada. Pero también hemos visto cómo el analista internacional de origen dominicano Iván Gatón habría señalado que Washington muestra preocupación por la presencia de Hezbollah en Haití. Si bien esa presencia no está documentada públicamente, ni tampoco existe confirmación oficial de que Washington tenga esa preocupación específica, la reputación de Gatón como analista motiva a tomar esto como un indicio indirecto más que merece seguimiento.
Bajo la administración Abinader se ha hablado mucho del terrorismo. Las bandas haitianas fueron declaradas bandas terroristas. Incluso a empresarios que financiaban a estas bandas se les prohibió la entrada al país, con algunas excepciones súper extrañísimas. También se ha reconocido el narcoterrorismo, donde República Dominicana ha colaborado abiertamente con Estados Unidos para dirigir ataques contra narcolanchas en el Caribe. Si a esto sumamos la designación de La Guardia de la Revolución Islámica Iraní y Hezbollah como grupos terroristas, da la sensación de que hay avances reales en la materia.
A pesar de estos avances, no se ha visto en el nuevo Código Penal la Ley 74-25, vigente desde el 3 de agosto de 2026 una intención de endurecer específicamente los delitos de reclutamiento con fines terroristas y financiamiento del terrorismo en la medida que la gravedad del tema exige. Circuló en medios dominicanos sobre una eventual reducción de penas en un listado de 70 nuevos delitos. Es importante destacar que la ley Ley 74-25 lo que sí, contempla, es endurecer las penas contra comunicadores independientes, que investiguen el crimen organizado y la corrupción administrativa.
A nuestro juicio, las declaratoria de diversos grupos terroristas es un progreso, pero hay una falta de política estatal para combatir el crimen organizado y el narcoterrorismo.
Por eso traemos a colación, el marco de referencia que usa la comunidad internacional para medir estos riesgos: el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, y su brazo regional, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). República Dominicana fue evaluada por GAFILAT en su Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, con informe publicado en 2018, y desde entonces el país ha reportado precarios avances reconocidos por el organismo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la efectividad del mecanismo de congelamiento de activos en casos de designación de terroristas por Naciones Unidas.
Sin embargo, el propio sector de cumplimiento dominicano advierte que el retraso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, que ya está en marcha, representa una prueba de madurez institucional y más exigente, con efectos directos sobre la inversión de capital extranjera, la continuidad de las relaciones bancaria con el exterior y el acceso del país al sistema financiero internacional. Es decir, no cumplir de forma efectiva no es solo un problema de imagen: entrar en una lista gris del GAFI encarece el crédito, complica las transferencias internacionales y golpea directamente sectores como el turismo y las exportaciones, columnas vertebrales de la economía dominicana.
Por eso preocupa que, cuando se designó a La Guardia de la Revolución Islámica Iraní y a Hezbollah como organizaciones terroristas, no se emitiera ninguna instrucción específica y visible a los organismos relacionados con el lavado y financiamiento del terrorismo, y mucho menos al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT): la calificación internacional del país no depende solo de tener leyes en el papel, sino de demostrar efectividad operativa ante organismos como GAFILAT, que evalúan resultados concretos y no solo buenas intenciones legislativas.
Hasta ahora ninguna autoridad dominicana tras la designación de Hezbollah como grupos terrorista, no se ha puesto en contacto con los investigadores independientes que llevan años denunciando un posible vínculo con República Dominicana.
Preocupa que República Dominicana no tenga una política clara de combate contra el crimen organizado y el terrorismo, en una época en que el hemisferio enfrenta la constante búsqueda de influencia de estos grupos extremistas. Ya existen casos documentados en Brasil, la Triple Frontera, Venezuela, Colombia y Cuba. Si estos grupos fuesen desplazados de esos países, es previsible que busquen otros con debilidades institucionales para refugiarse. República Dominicana sería la isla de la corrupción o un paraíso para la influencia de estos grupos extremistas.
Se ha comentado que existen casos documentados en el país que ya cuentan con prueba suficiente para ser tipificados como financiamiento al terrorismo. Uno de ellos es la denuncia de Estados Unidos sobre el presunto envío de armas y municiones desde territorio dominicano hacia bandas terroristas en Haití. Sin embargo, no se ha querido tipificar ningún caso bajo esta ley de terrorismo de 2008.
La comunidad de inteligencia ha llegado a la conclusión de que existe una poderosa influencia de empresarios del turismo que impide que estos casos se documenten de forma apropiada. Persiste la percepción de que siempre se busca lavar los trapos sucios internamente, en detrimento de algo que compete a la seguridad del hemisferio, la seguridad nacional dominicana y la seguridad de los propios estadounidenses.
Esta lectura, que a primera vista podría parecer una opinión sin respaldo, coincide en lo esencial con lo que documenta el Índice Global de Crimen Organizado (Global Organized Crime Index), elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime con sede en Ginebra, con apoyo del programa Enact financiado por la Unión Europea e implementado junto a Interpol y con aportes del Departamento de Estado de Estados Unidos en sus ediciones de 2021, 2023 y 2025.
En su edición de 2025, República Dominicana obtuvo una puntuación de 5.17 sobre 10 en criminalidad, ocupando el cuarto lugar entre los países del Caribe, con una resiliencia institucional que mejora, pero que según el propio índice no logra compensar el ritmo de crecimiento del crimen organizado.
El informe identifica como mercados ilícitos activos en el país la trata y el tráfico de migrantes, el narcotráfico, el contrabando, las armas ilegales, los bienes falsificados, los delitos ambientales y los fraudes financieros, y señala expresamente que la frontera con Haití continúa siendo un acelerador crítico del riesgo.
El mismo documento afirma que la corrupción sigue siendo el lubricante silencioso que permite que estas economías ilícitas funcionen, una conclusión que coincide con lo establecido por el Informe Ejecutivo de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la República Dominicana.
En otras palabras, la denuncia sobre la influencia de ciertos sectores económicos en la falta de tipificación de casos de financiamiento al terrorismo no es una acusación aislada: es consistente con lo que revelan los organismos internacionales que auditan el comportamiento del país con estándares globales.
Mientras tanto, la administración Abinader parece más entretenida con lo que los estadounidenses llaman el lawfare, donde el Gobierno ha asumido una ofensiva hacia los medios de comunicación alternativos y hacia la oposición política. Esto ha sido catalogado por algunos sectores como persecución política.
Hasta el momento, República Dominicana carece de grandes investigaciones respecto al crimen organizado, que se estima mueve 3,500millones de dólares al año. Otros países de Latinoamérica exhiben grandes investigaciones de desmantelamiento de redes transnacionales y redes terroristas, con golpes históricos contra el crimen organizado. República Dominicana, en cambio, aparece entretenida con las persecuciones políticas, lo que ha creado un ambiente propicio para que el crimen organizado opere con más libertad.
Un país no puede darse el lujo de retroceder en esta materia mientras el hemisferio observa cómo actores estatales y no estatales incluidos grupos como Hezbollah, buscan puntos de apoyo en naciones con instituciones débiles.
Según datos proporcionados por la propia administración Abinader, el Gobierno reporta más de RD$130,000 millones de pesos en casos de corrupción bajo investigación, presuntamente atribuibles a gobiernos anteriores, además de RD$6,500 millones ya recuperados del patrimonio público. Si comparamos esa cifra con los 3,500 millones de dólares anuales que mueve el crimen organizado, la conclusión, a mi juicio, es clara: matemáticamente no tiene sentido mantener al Ministerio Público entretenido en persecuciones políticas mientras el crimen organizado y el terrorismo se abren camino con menos escrutinio.
Y aquí conviene detenerse a hacer el ejercicio con más rigor. Esos RD$130,000 millones, al tipo de cambio actual de alrededor de RD$58 por dólar, equivalen a unos 2,233 millones de dólares. Si dividimos esa cifra entre los 20 años que se le atribuyen a la supuesta corrupción de gobiernos anteriores, obtenemos un promedio de apenas 111 millones de dólares al año. Comparado con los 3,500 millones de dólares que mueve el crimen organizado cada año, la diferencia es abismal: el crimen organizado movería, solo en un año, más de 31 veces lo que la corrupción política habría sustraído en promedio anual durante dos décadas.
La corrupción es un delito grave y su persecución es legítima y necesaria. Pero la magnitud de las cifras deja claro cuál de los dos fenómenos representa la amenaza más significativa para la seguridad y la economía del país.
Si este dinero está haciendo lavado en la economía dominicana, esto representa una competencia desleal versus el capital del dominicano honesto, donde cada día vemos nuevos ricos, nuevos millonarios raros con suficiente dinero y poder como para aplastar cualquier profesional dominicano y lo peor, inflar la economía local con una aparente crecimiento económico ficticio.
A esto se suma que, en casi siete años de gestión, el Gobierno solamente ha logrado recuperar alrededor de un 6% de lo que denuncia como sustraído por administraciones pasadas lo que apunta a que se trata de una lucha contra la confección administrativa artificial.
Sin embargo, si vemos algunas figuras importantes que han sido extraditadas a Estados Unidos, pero sus bienes en territorio dominicano no siempre han sido perseguidos con la misma firmeza, a pesar de que el país cuenta con la Ley 340-22 de extinción de dominio desde 2022.
Existen casos documentados en los que, una vez que un imputado es entregado en extradición a las autoridades estadounidenses, los cargos en su contra en suelo dominicano son retirados, lo que le permite a esa persona, o a terceros vinculados a ella, reclamar posteriormente los bienes que permanecen bajo custodia del Ministerio Público. Esto ha ocurrido en más de un caso de narcotráfico.
En consecuencia, parece más razonable que la política de persecución del Estado se enfoque con la misma intensidad hacia el crimen organizado, ya que en la llamada lucha contra la corrupción política de la oposición no se han logrado, hasta el momento, condenas definitivas de peso; lo que sí han salido son algunos procesos abiertos, medidas de coerción y acuerdos de colaboración, pero pocas sentencias firmes que devuelvan al Estado lo que se denuncia como robado.
República Dominicana cuenta con la legislación necesaria de extinción de dominio para que ese dinero del crimen organizado sea incautado, y así el Gobierno no tendría que incurrir en tantos préstamos. Sin embargo, esa herramienta debe aplicarse con la misma consistencia a los bienes de quienes son extraditados, no solo a los que permanecen en el país.
Nuestra sugerencia a los organismos de inteligencia de Estados Unidos y al gobierno dominicano es que prioricen la seguridad nacional, la seguridad regional y la seguridad de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y que cuiden nuestro hemisferio.
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