SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió dos nuevas sentencias en las que penaliza a diversas entidades estatales por desatender mandatos judiciales previos, acumulando sanciones conminatorias (astreintes) por un total de RD$1,470,000.00 en favor de dos ciudadanos perjudicados por la inacción de la administración pública.
Las decisiones de la Alta Corte sientan un precedente contra la resistencia institucional y reiteran que los fallos del tribunal son de cumplimiento obligatorio e irrevocable para todos los poderes públicos, constituyendo su inobservancia una violación directa al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Sanción a la Policía Nacional por desacato
A través de la sentencia TC/0844/26, el tribunal acogió la solicitud de liquidación de astreinte interpuesta por el ciudadano Isidro Díaz Rosario, imponiendo a la Dirección General de la Policía Nacional el pago de RD$520,000.00.
Esta penalidad responde al incumplimiento de la sentencia TC/1104/24, emitida a finales de 2024, la cual ordenaba a la uniformada entregar de inmediato los documentos de una investigación por presunta deserción seguida contra Díaz Rosario. Pese a la notificación formal en junio de 2025, la Policía Nacional mantuvo una postura “reticente e irresponsable” durante 260 días, privando al afectado de su derecho a la defensa. El tribunal aclaró que la multa seguirá corriendo hasta que los documentos sean entregados.
Esta medida se suma a otra penalidad reciente del pasado 7 de agosto (sentencia TC/0736/26), donde la misma Policía Nacional fue condenada a pagar RD$2,845,000.00 a favor de la viuda de un general retirado por no tramitar el ascenso ni el pago retroactivo de su pensión.
Condena solidaria en el sector educativo y financiero
En el segundo fallo, correspondiente a la sentencia TC/0851/26, el Tribunal Constitucional penalizó de forma solidaria al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima), a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) y al Ministerio de Hacienda con el pago de RD$950,000.00 a favor de la docente jubilada Yolanda del Carmen Solís de Rosario.
La educadora reclamaba la restitución de su pensión otorgada originalmente en 1992. Aunque la sentencia previa TC/1463/25 ordenaba a las tres entidades coordinar la transferencia de cotizaciones y reactivar los pagos retroactivos vencidos, las instituciones dejaron vencer el plazo legal sin ejecutar el mandato. Al confirmarse 95 días de desacato injustificado, el tribunal fijó la multa acumulada, advirtiendo que la penalidad de RD$10,000.00 diarios seguirá aumentando de forma solidaria hasta el cumplimiento total.
Con estas acciones, el Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional reafirma su rol de garante de los derechos fundamentales y de la tutela judicial efectiva frente a las omisiones de los órganos del Estado.
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