SANTO DOMINGO, RD – 2 de septiembre de 2026 – La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de San Cristóbal solicitaron prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, alias “el Pastor”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. A ambos se les acusa de operar una red de maltrato físico y psicológico infantil bajo la fachada de la entidad religiosa “Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive)”, en el municipio de Bajos de Haina.
El Juzgado de Atención Permanente de San Cristóbal fijó el conocimiento de la medida de coerción para este jueves 3 de septiembre, tras recibir la instancia formal firmada por la procuradora titular de la PETT, Yoanna Bejarán, junto a las fiscales Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero.
El origen de la investigación y el rescate
La investigación penal se activó luego de que uno de los menores logró escapar del inmueble y denunció ante un destacamento policial las condiciones de violencia en las que subsistían. La alerta oportuna dio pie a una serie de allanamientos simultáneos ejecutados entre la madrugada del 29 y el 30 de agosto en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Durante los operativos combinados, las autoridades lograron rescatar a 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años. Todos los menores presentaban signos visibles de violencia y fueron puestos bajo el amparo de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Evidencias de tortura y trabajo forzado
Los informes médico-legales practicados al menor que denunció el caso revelaron múltiples lesiones en la piel, la espalda y el rostro, además de quemaduras de segundo grado en ambas manos en proceso de cicatrización. Asimismo, la evaluación psicológica forense determinó que la víctima no asistía a la escuela y era obligada a realizar trabajos forzados de construcción con madera, bajo un régimen de constantes castigos físicos.
De acuerdo con el expediente, el coimputado Muñoz Rodríguez intentó ocultar el crimen trasladando de forma clandestina a varios de los menores hacia una vivienda en el sector El Carril al enterarse del arresto de Capellán. Sin embargo, fue localizado por la Policía Nacional en las inmediaciones del lugar. En las requisas se incautaron armas blancas, documentos de identidad de terceros y pertenencias escolares de las víctimas.
Operación al margen de la ley
El Ministerio Público enfatizó que la Fundación Restaurando Vida no contaba con ningún tipo de autorización legal o gubernamental para operar como hogar de acogida. Por consiguiente, tanto la retención de los menores como la captación de fondos y donativos económicos se realizaban de manera totalmente irregular.
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