Tras concluir la audiencia de medida de coerción contra los 26 imputados en el caso Senasa 2.0, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales, al advertir que esta práctica podría involucrarlos en procesos penales.
Camacho señaló que la investigación deja como una de sus principales lecciones la necesidad de que los profesionales de la salud protejan sus códigos y credenciales.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, afirmó el funcionario, quien agregó que, de no haberse producido esta práctica entre los médicos investigados, el caso no habría alcanzado las mismas dimensiones.
El representante del Ministerio Público informó además que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a los imputados, con excepción de dos personas.
Siete imputados cumplirán prisión preventiva, entre ellos Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes serán enviados a Las Parras. Mientras que Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista serán recluidas en Najayo Mujeres.
Otros 16 imputados cumplirán arresto domiciliario, mientras que tres deberán cumplir impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica.
Camacho calificó las decisiones judiciales como razonables y advirtió que la investigación continúa abierta.
“Vamos a ir por más”, sostuvo el funcionario al referirse al proceso que investiga presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud.
¿De qué trata Senasa 2.0?
El expediente corresponde a la segunda fase de una investigación por presunta corrupción administrativa en Senasa, en la que el Ministerio Público señala una estructura que habría utilizado códigos médicos para facturar servicios que, según la acusación, no fueron realizados.
La investigación también contempla alegadas suplantaciones de identidad de afiliados y vulneraciones a las bases de datos de la aseguradora estatal.
El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.
Posteriormente, el Ministerio Público realizó 37 allanamientos en distintas zonas del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la denominada Operación Cobra 2.0-A.
Según la acusación, la presunta estructura habría gestionado falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios mediante el call center de Senasa, utilizando información de afiliados y reclamaciones sustentadas en diagnósticos y procedimientos que las autoridades señalan como inexistentes.
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