Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Santo Domingo.- Este lunes, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto 672-26, que ordena a las instituciones públicas enfocar sus procesos de contratación destinados a programas sociales, alivio de la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad social exclusivamente hacia las micro, pequeñas y medianas industrias (mipymes industriales).
La disposición, emitida por el presidente Luis Abinader, se enmarca dentro de las directrices establecidas por la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación (Decreto núm. 52-26). Su principal objetivo es fortalecer el desarrollo económico nacional, incentivar la producción local y estimular la generación de empleo.
Con esta medida, el gobierno de Luis Abinader reafirma su compromiso con el sector productivo nacional, promoviendo la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la transparencia en la administración de los recursos públicos.
Aspectos fundamentales de la normativa
Exclusividad para la industria local: Las adquisiciones públicas relacionadas con programas especiales de asistencia deberán enfocarse en bienes y servicios originarios y manufacturados en República Dominicana, asegurando la ausencia de intermediarios no autorizados.
Entidades involucradas: La norma aplica a organismos clave como el Ministerio de Educación (Minerd), INABIE, SNS, el Gabinete de Políticas Sociales Supérate, Promese/CAL, así como los ministerios de Defensa y Vivienda, entre otras dependencias estatales dedicadas a la protección social y sectorial.
Condiciones y certificaciones: Para ser parte del proceso, las empresas deben contar con un Registro Industrial otorgado por Proindustria, poseer la Certificación Mipymes (o Mipymes Mujer) expedida por el MICM y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Coordinación y gobernanza: Se establece una Mesa de Articulación Interinstitucional integrada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que será responsable del seguimiento, coordinación de la oferta productiva y supervisión del cumplimiento normativo.
Modernización y plazos para su implementación
El decreto fija un plazo máximo de cuatro meses para que el MICM realice un inventario detallado de los bienes y servicios ofrecidos por el sector industrial nacional.
Además, instruye a Proindustria a actualizar y digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta local y su integración con el sistema de compras públicas.
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