Fuente: Hoy Digital
Durante la Administración Trump, los funcionarios extranjeros señalados por el gobierno de Estados Unidos como corruptos ya no tienen acceso libre para ingresar al país.
El Departamento de Estado implementa acciones para cumplir con los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral, reafirmados en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre, donde se comprometen a defender la gobernanza democrática en todo el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
Según dicha declaración, que incluye el compromiso de coordinar sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes que afectan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia, el Departamento anuncia una nueva política de restricción de visados basada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En ese contexto, el Gobierno publicó una lista con los funcionarios a quienes les revocaron su visado, provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú:
Bolivia
Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera del departamento de Santa Cruz.
Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el departamento de Santa Cruz.
Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de familia e instrucción penal primero en La Guardia.
Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Además, nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visado, junto con sus familias, fueron en general excluidos de la posibilidad de obtener uno.
Colombia
Como parte de esta política, la Administración Trump aplicó restricciones de visado a dos ciudadanos colombianos y sus familias. El Departamento revocó los visados vigentes a las siguientes personas:
Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores energético, señales de tráfico e iluminación pública.
Martha Isabel Peralta Epieyú, senadora vinculada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
Ecuador
En este marco político, la Administración Trump impuso restricciones de visado a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares. El Departamento revocó sus visados vigentes.
Perú
También dentro de esta política, se aplicaron restricciones a un ciudadano peruano y su familia. El Departamento revocó los visados vigentes del siguiente individuo:
Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional en Lima.
La información oficial señala que estas medidas se adoptan conforme al artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe el ingreso a personas cuya entrada o actividades previstas puedan causar consecuencias graves adversas para la política exterior estadounidense.
Asimismo, el Departamento de Estado designa públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su implicación en actos significativos de corrupción. Esta acción implica que Mariaca y sus familiares directos quedan generalmente inelegibles para ingresar a Estados Unidos.
Mariaca fue elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente Luis Arce, identificado con la extrema izquierda. Anteriormente se desempeñó como fiscal general en Santa Cruz. Se le acusa de abusar de sus cargos públicos al solicitar y recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
"Sus acciones comprometen los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas que Bolivia —como participante del Escudo— busca fortalecer. El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos y los criminales que protegen no son bienvenidos en Estados Unidos", afirmó el Gobierno estadounidense.
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