Fuente: Listin diario
Con esta medida, el Poder Ejecutivo cumple la resolución del Tribunal Constitucional
El presidente Luis Abinader promulgó este martes el decreto 675, que modifica el reglamento de licencias de conducir para ajustarlo a la sentencia TC/0904/26 emitida por el Tribunal Constitucional, la cual dejó sin efecto la reducción de dos años en la vigencia de la licencia para personas mayores de 75 años.
La nueva regulación deroga el Decreto 330-26 y establece que la duración de las licencias y autorizaciones para conducir será unificada en cuatro años, expirando el día del cumpleaños del titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Además de acatar el fallo del TC que declaró inconstitucional la disminución del período de validez para ese grupo etario, el Poder Ejecutivo implementa medidas adicionales para asegurar que no haya ningún tipo de discriminación por edad en los procesos de renovación.
El decreto señala expresamente que, bajo ninguna circunstancia, la edad podrá ser utilizada como único criterio para limitar, reducir o negar la vigencia de una licencia o autorización para conducir. La evaluación de la capacidad para conducir se realizará mediante exámenes físicos, teóricos y prácticos, aplicados sin discriminación alguna, en concordancia con las facultades que la Ley 63-17 concede al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
La normativa reafirma que la suspensión o cancelación de una licencia solo se podrá efectuar por las causas previstas en la ley: cuando el titular no cumpla con los requisitos establecidos o cuando se demuestre mediante certificado médico la incapacidad física o mental permanente para conducir, garantizando siempre el debido proceso administrativo.
Con esta resolución, el Gobierno dominicano confirma su compromiso con el respeto absoluto al Estado Social y Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, especialmente los adultos mayores, promoviendo su inclusión en la vida activa y comunitaria sin exclusiones arbitrarias.
El Poder Ejecutivo ratifica así su voluntad de cumplir y hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, fortaleciendo la institucionalidad nacional y asegurando que el marco normativo esté siempre orientado al respeto de la dignidad humana.
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