Fuente: Uriel Blanco/uriel_blanco@cnnespanol.cnn.com
Detenciones en jaulas metálicas: investigación interna revela condiciones precarias para inmigrantes en "Alligator Alcatraz"
Este jueves comenzaron a aplicarse en Connecticut diversas disposiciones enfocadas en la protección de inmigrantes, mientras surgen reportes sobre detenciones en el estado en espacios sensibles como paradas de autobuses escolares.
Entre las nuevas medidas vigentes, destaca la declaración de áreas protegidas donde se restringen los arrestos basados en infracciones civiles.
De acuerdo con la Ley Pública número 26-14, promulgada por el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, a inicios de mayo, los agentes federales o estatales no están autorizados a detener, arrestar ni poner bajo custodia a personas en estas zonas protegidas por infracciones civiles.
La ley especifica que las áreas protegidas incluyen:
* Centros educativos desde preescolar hasta universidades.
* Hospitales y centros médicos de urgencia.
* Espacios destinados a niños y adolescentes, como paradas de autobuses escolares, parques, centros recreativos y actividades extracurriculares.
* Lugares de servicios sociales, tales como refugios, centros para víctimas o personas con adicciones, servicios para discapacitados y bancos de alimentos.
* Instalaciones para atención en situaciones de desastre.
* Cementerios y otros espacios funerarios.
El texto legal establece que cualquiera de estos edificios o lugares se considera una "zona protegida", incluyendo sus terrenos y cualquier garaje o estacionamiento utilizado para su funcionamiento, sin importar si estos espacios son adyacentes a las instalaciones principales.
Los agentes solo pueden efectuar detenciones en estas áreas cuando cuentan con una "orden judicial".
"Ningún agente del orden (…) podrá detener, arrestar ni poner bajo custodia a una persona en un área protegida, instalación estatal o municipal por motivo de una infracción civil, salvo que actúe dentro de sus funciones oficiales y la persona (…) tenga una orden judicial", señala la ley.
Además, las instalaciones estatales o municipales del estado también están clasificadas como áreas protegidas.
Según la ley, "'Instalación estatal' significa cualquier edificio o parte del mismo propiedad, arrendado, ocupado o controlado por una oficina o agencia del Departamento Ejecutivo estatal directa o indirectamente. 'Instalación municipal' se refiere a cualquier edificio o parte del mismo propiedad, arrendado, ocupado o controlado por un gobierno municipal directa o indirectamente".
Estas protecciones se aplican únicamente cuando las acciones policiales se basan en infracciones civiles. Por tanto, los agentes sí podrían intervenir en casos relacionados con infracciones de tránsito, delitos estatales o federales y violaciones de libertad condicional siempre que exista una orden judicial.
Un agente de ICE permanece vigilando mientras una persona es detenida frente a una vivienda en Danbury, Connecticut, el 27 de agosto de 2026.
Si se realiza una detención prohibida por esta ley, la persona afectada tiene derecho a presentar una demanda civil ante el Tribunal Superior de Connecticut.
El objetivo de esta demanda es "obtener una reparación equitativa o indemnización por daños y perjuicios", indica la legislación.
"El tribunal podrá conceder al demandante las medidas cautelares legales y equitativas que considere pertinentes, incluyendo medidas temporales o permanentes, daños punitivos, honorarios legales y costos judiciales", añade el texto legal.
Conflicto con la administración Trump
Estas nuevas protecciones llegan mientras informes señalan que agentes federales han realizado detenciones en paradas escolares dentro de Connecticut.
A finales de septiembre, consultado por CNN sobre estas acciones, Tom Homan —zar fronterizo de la Casa Blanca— afirmó desconocer que los agentes federales estuvieran apuntando específicamente a padres en esas paradas, pero aseguró que ICE está presente "para hacer cumplir la ley".
Desde agosto, ICE aumentó sus operativos en Connecticut, lo que motivó al gobernador Lamont a convocar a activistas y líderes comunitarios para organizarse y proteger a las familias inmigrantes.
Agentes de ICE detienen a dos personas frente a una vivienda en Danbury, Connecticut, el 27 de agosto de 2026.
"Connecticut no desea ni necesita el tipo de presencia que ICE ha mantenido esta semana. Nuestro estado registra algunas de las tasas criminales más bajas del país gracias al trabajo eficiente de nuestras fuerzas policiales estatales y locales para mantener alejados a delincuentes violentos. Detener personas al azar para cumplir cuotas no reduce la delincuencia; por el contrario, traumatiza familias y comunidades. En Connecticut respetamos la dignidad y humanidad de todas las personas que consideran nuestro estado su hogar y valoramos las contribuciones de nuestras comunidades inmigrantes. Agradezco también a defensores comunitarios y abogados voluntarios que apoyan a los detenidos y sus familiares. A quienes están siendo afectados: sepan que cuentan con nuestro respaldo", expresó Lamont a fines de agosto.
Las políticas estatales como la Ley Pública número 26-14 han generado fuertes tensiones entre el Gobierno federal bajo Donald Trump y la administración estatal liderada por Lamont.
Menos de dos semanas después de la firma de dicha ley, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el gobernador Lamont, el fiscal general William Tong y otras autoridades estatales.
El DOJ calificó la normativa como "un intento inconstitucional" por regular a los agentes federales mediante prohibiciones relativas al uso de máscaras, requisitos de identificación y control del uso excesivo de fuerza —disposiciones algunas ya vigentes previamente—.
"Los agentes del orden arriesgan sus vidas diariamente para proteger a los estadounidenses y no merecen ser objeto de divulgación personal ni acoso simplemente por cumplir con su labor", declaró Todd Blanche —secretario actual del DOJ— en un comunicado. "Las políticas contrarias a las fuerzas del orden en Connecticut limitan al gobierno federal y ponen en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes no pueden mantenerse vigentes".
En respuesta a la demanda, el fiscal general Tong afirmó que las acciones adoptadas por Connecticut "son plenamente legales y necesarias para proteger la seguridad pública".
"Defenderemos esta ley con firmeza", añadió Tong.
La oficina del fiscal general William Tong comunicó este jueves a CNN que la demanda presentada por el DOJ sigue "pendiente" y confirmó que las disposiciones legales ya están vigentes.
CNN también contactó al DOJ para obtener comentarios sobre la demanda y las medidas adoptadas en Connecticut; hasta ahora no ha recibido respuesta.
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