Fuente: Diego Valdenar/diego_valdenar@elconfidencialdigital.com
Según lo informado por el diario AS, James Rhodes comentó en el programa La Hora de La 1 que se ofreció a adquirir el piso de Maricarmen para luego alquilárselo, con el fin de permitir que la anciana pudiera permanecer en él de forma indefinida. Esta propuesta surgió tras el desahucio de la mujer, cuyo caso se convirtió en un fenómeno social y movilizó a miles de manifestantes frente a su domicilio.
La oferta de James Rhodes a Urbagestión
Rhodes explicó que participó directamente en las negociaciones para encontrar una solución al conflicto. Según relató el músico hispano-británico, las gestiones se llevaron a cabo en contacto con el fondo propietario, el equipo legal de la empresa y el Sindicato de Inquilinas de Madrid. El objetivo era evitar que Maricarmen tuviera que abandonar la vivienda ubicada en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio del Retiro madrileño.
Antes de proponer la compra, Rhodes planteó asumir personalmente un alquiler acordado a un precio razonable de mercado. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó, por lo que el pianista decidió dirigirse al fondo propietario para plantear una operación de compraventa. Su intención, según afirmó, era comprar la propiedad y volver a alquilársela a Maricarmen.
"Déjame comprar el piso, alquilárselo a ella, y todos ganamos", resumió Rhodes en relación con el mensaje transmitido a la propiedad. El músico añadió que esta operación permitiría a la empresa obtener el dinero mientras que Maricarmen conservaría su hogar. Además, criticó la falta de acuerdo con la frase "no se trata de actuar con sensatez, es más de comportarse como tiburones".
La empresa propietaria, Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., rechazó cualquier tipo de acuerdo. Esta negativa llegó después de que la situación generara una movilización pública para intentar frenar el desalojo. El caso dejó de ser una disputa contractual limitada al inmueble y pasó a formar parte del debate sobre los alquileres antiguos, la vivienda y la protección de las personas mayores.
El contrato iniciado en 1956 y el conflicto del alquiler
El origen del caso se remonta a 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de alquiler para ocupar la vivienda. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su esposa y, luego de su muerte en 2005, quedó subrogado a nombre de Maricarmen. Por tanto, ese inmueble había sido el hogar familiar durante varias generaciones.
La normativa aplicable fue determinante en el procedimiento. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 limita el segundo traspaso de este tipo de contratos y establece una duración máxima improrrogable de dos años. Según explicó AS, la relación contractual se extinguió en 2007 tras agotarse los plazos previstos para los alquileres históricos.
La ley contempla una excepción cuando el descendiente acredita una discapacidad igual o superior al 65%, ya que esto permite prorrogar el contrato vitaliciamente. Maricarmen tenía reconocido un grado oficial del 50%, por debajo del umbral necesario para mantener indefinidamente el arrendamiento.
Durante años, Maricarmen continuó residiendo en la vivienda y pagando la cuota acordada con los anteriores propietarios. El alquiler rondaba los 500 euros mensuales, según lo publicado por AS. La situación cambió en 2018 cuando Urbagestión asumió como sociedad arrendadora y planteó nuevas condiciones económicas.
La empresa reclamó un alquiler inicial de 2.650 euros mensuales que luego redujo a 1.650 euros. Como Maricarmen percibía una pensión mensual de 1.350 euros, no pudo asumir esos importes reclamados. Al no alcanzarse un acuerdo, la sociedad inició acciones judiciales para recuperar la propiedad.
El juzgado apoyó inicialmente la posición de Maricarmen, pero posteriormente la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo determinaron que el contrato había caducado conforme a la legislación vigente. La decisión del alto tribunal, dictada en marzo según la fuente, autorizó el desalojo del inmueble.
La situación de Maricarmen tras el desahucio
El Ayuntamiento de Madrid ofreció a la familia una plaza temporal en una residencia de mayores ubicada en Alcalá de Henares. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada para preservar la autonomía de Maricarmen mientras su estado de salud lo permitiera. Tampoco se aceptó su traslado a un piso familiar en Segovia, opción que implicaría alejarla de sus amistades y del apoyo domiciliario que recibía.
Después de abandonar su casa, Maricarmen fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón donde permanecía bajo observación según lo informado. La abogada Beatriz Duro y James Rhodes centraron sus esfuerzos en encontrar una nueva vivienda para ella, priorizando una solución residencial que considerara su arraigo en Madrid y su necesidad de asistencia.
Rhodes también cuestionó que la respuesta a estas situaciones dependa únicamente de iniciativas económicas privadas. "Ese papel de arreglar los temas sociales les toca a los políticos", afirmó el músico, quien rechazó que la atención a las personas afectadas quede condicionada a la caridad privada.
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