Fuente: Hoy Digital
El 1 de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos comunicó que no renovaría automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), optando en su lugar por revisiones anuales hasta 2036. Ante la posible terminación del acuerdo y el resurgimiento de políticas industriales a nivel mundial, México se ve en la necesidad de redefinir su estructura institucional y enfrentar preguntas clave: ¿Qué papel quiere desempeñar México en la economía global? ¿En qué sectores competirá? ¿Quiénes serán sus aliados y qué función tendrán el Estado y las empresas privadas?
Para abordar estas cuestiones, el gobierno federal ha impulsado el "Plan México", un esquema de desarrollo que incluye elementos de industrialización orientados a la sustitución de importaciones y al aumento del valor agregado y proveeduría local en exportaciones, en sectores estratégicos como semiconductores, farmacéutica, automotriz y aeroespacial. Un análisis minucioso del plan indica que los objetivos en semiconductores fortalecen la dependencia actual de México respecto a Estados Unidos, consolidando su papel como un Estado manufacturero y ensamblador con actividades de baja productividad. Asimismo, permite vislumbrar una estrategia en proceso que busca trasladar la cadena de suministro de chips desde Asia hacia América, posicionando a América Latina como un eje fundamental.
La reestructuración de la cadena productiva de semiconductores no puede comprenderse sin tomar en cuenta la rivalidad por el liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China. Siguiendo la política del expresidente Donald Trump para frenar el avance tecnológico chino, en 2022 el presidente Joe Biden promulgó el CHIPS and SCIENCE Act, cuyo objetivo fue incentivar la fabricación de semiconductores en EE.UU., al mismo tiempo que restringió la transferencia tecnológica y el know-how hacia China.
Como resultado del CHIPS Act, el Departamento de Estado estadounidense junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzaron una iniciativa para apoyar actividades de Ensamblaje, Pruebas y Empaquetado (ATP) de semiconductores en México, Panamá y Costa Rica mediante el International Technology Security and Innovation Fund.
Con el Plan México, el Gobierno mexicano ratificó su meta de promover la relocalización de 10 mil millones de dólares en operaciones ATP y atraer inversiones que representen más del 30% del ATP total. Sin embargo, contrario a su intención de aumentar el valor agregado en sus exportaciones, las actividades ATP constituyen la etapa con menor valor añadido dentro de la cadena productiva de semiconductores. De acuerdo con la Semiconductor Industry Association, estas actividades representan únicamente un 6% del valor agregado total. En contraste, diversas fuentes calculan que la investigación y desarrollo (I+D) concentra entre el 50% y 58%, mientras que la fabricación de obleas aporta entre el 24% y 36% del valor agregado.
Según datos de la OCDE, las labores ATP tienen márgenes de ganancia usualmente más bajos y son más intensivas en mano de obra comparadas con la producción y diseño de semiconductores, dado que el diseño demanda mayor inversión en investigación (I+D), mientras que la fabricación requiere una fuerte inversión capital.
La cadena productiva de semiconductores exhibe una doble concentración: tanto a nivel nacional como corporativo. Esta estructura es inherentemente vulnerable a tensiones geopolíticas. Mientras que la mayoría de las actividades I+D se concentran en Estados Unidos —con empresas como Apple, Intel y Nvidia— las tareas de ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP) se distribuyen entre China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Filipinas. Finalmente, la producción de chips avanzados se sitúa en Taiwán mediante Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Debido a su relevancia estratégica para la industria, Taiwán ha logrado disuadir amenazas territoriales provenientes de China y asegurar el respaldo de Estados Unidos y sus aliados.
La relocalización de esta cadena productiva alcanzó un momento clave en 2025, cuando EE.UU. pactó con TSMC una inversión superior a 165 mil millones de dólares para establecer fábricas de semiconductores avanzados e instalaciones ATP dentro del territorio estadounidense. Con este acuerdo, la cadena se reorganiza para ubicar el diseño y producción avanzada en EE.UU., mientras algunas actividades ATP se concentran en México, Panamá y Costa Rica. Paralelamente, el gobierno estadounidense parece proyectar comercializar recursos naturales —como tierras raras— en países como Colombia para asegurar el suministro necesario para fabricar chips.
Este contexto regional brinda los elementos necesarios para comprender el cambio en la cadena productiva de semiconductores donde América Latina juega un rol fundamental. Por ello, para Estados Unidos la relación con los gobiernos latinoamericanos y el control sobre sus recursos se consideran una cuestión vital para su seguridad nacional. No obstante, para los países de la región resulta crucial trascender el papel meramente ensamblador y evitar una nueva dependencia camuflada bajo un discurso reindustrializador para impedir estancamiento productivo, exclusión social y fragilidad institucional; tal como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), identificándolos como trampas del desarrollo.
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