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Diversos sectores demandan reemplazar la violencia policial por respeto al debido proceso e inteligencia

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El psiquiatra José Miguel Gómez afirmó que la lucha contra la criminalidad debe respetar el debido proceso, aunque puntualizó que los agentes no deben permitir ser agredidos por antisociales armados.

Fuente: Listin diario

El psiquiatra José Miguel Gómez afirmó que la lucha contra la criminalidad debe respetar el debido proceso, aunque puntualizó que los agentes no deben permitir ser agredidos por antisociales armados.

José Miguel Gómez, junto con el Defensor del Pueblo y el Instituto Dominicano de Derecho Penal, manifestaron su rechazo conjunto a la serie de muertes ocurridas en "intercambios de disparos" con la Policía, instando a las autoridades a declarar un "alto al fuego" y a adecuar la lucha contra el crimen al respeto del debido proceso.

El psiquiatra y asesor en salud mental del Poder Ejecutivo, José Miguel Gómez, rechazó firmemente que la Policía Nacional justifique las muertes de presuntos delincuentes mediante los llamados "intercambios de disparos", al señalar que dicha institución no está facultada para decidir quién debe vivir.

En entrevista concedida al periodista Héctor Herrera Cabral para el programa D'AGENDA, Gómez sostuvo que la acción contra la criminalidad debe ajustarse al debido proceso, pero aclaró que los agentes tampoco deben dejarse atacar por individuos armados antisociales.

"No estoy de acuerdo con los intercambios de disparos. Nunca. No se puede permitir que la Policía decida quién vive y quién no; eso no es correcto", indicó Gómez.

En su lugar, propuso que los reincidentes de alta peligrosidad sean identificados, detenidos y recluidos en cárceles de máxima seguridad bajo programas de rehabilitación.

El especialista calificó como preocupante que personas con hasta 20 fichas por delitos graves como homicidio, secuestro y violación permanezcan libres en las calles, señalando que esto evidencia fallas profundas en el control institucional y en la prevención.

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Un perfil de la delincuencia juvenil

Gómez advirtió que la violencia social en el país afecta mayormente a jóvenes en edad productiva. Señaló que la mayoría de los infractores involucrados en pandillerismo, robos y actos delictivos son menores de 25 años.

Según el experto, este grupo proviene principalmente de familias desestructuradas, presenta deserción escolar temprana, acceso prematuro a armas, inicio sexual antes de los 13 años y consumo de sustancias controladas. Destacó que estos jóvenes muestran una fuerte confrontación con la autoridad, baja autoestima y conductas marcadamente antisociales.

Asesinos de Zeneida Castillo son psicópatas

Durante la conversación, Gómez describió como psicópatas y sociópatas a quienes están implicados en el asesinato de Zeneida Socorro Castillo y las heridas ocasionadas a su esposo, el artista Julián Oro Duro, en su residencia.

"Son individuos carentes de remordimiento, sin empatía ante el sufrimiento ajeno y sin capacidad para valorar las consecuencias", explicó. Mencionó el caso de uno de los acusados que divulgó con absoluta frialdad su declaración en redes sociales, un rasgo típico del perfil antisocial.

El Defensor del Pueblo

Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, se pronunció sobre las más de 40 muertes atribuidas a la Policía Nacional durante supuestos intercambios de disparos entre presuntos antisociales y agentes ocurridos en semanas recientes a nivel nacional.

"La seguridad ciudadana no puede quedar sin seguimiento luego de un asesinato o intercambio de disparos. ¿Qué hacemos con la información que tenía ese delincuente?

La Constitución, en su artículo 37, garantiza el derecho a la vida desde la concepción. El artículo 255 establece que la Policía tiene la responsabilidad de proteger nuestra seguridad y apoyar al Ministerio Público", explicó.

Ulloa señaló que toda persona que cometa un delito debe ser procesada por la justicia y destacó el papel fundamental de las cárceles como herramienta para combatir el crimen organizado, narcotráfico, ciberseguridad y tráfico de personas.

"Debemos centrarnos en las cárceles, donde reside parte importante de la desestabilización en materia de seguridad en República Dominicana. Que el Ministerio Público gestione los expedientes y el Poder Judicial dicte sentencias ejemplares", indicó el funcionario.

"Separémoslos entre presos por crímenes violentos y aquellos vinculados al crimen organizado para construir una sociedad realmente enfocada en mayor seguridad", añadió.

Instituto Dominicano de Derecho Penal

Esta institución ha llamado a las autoridades a decretar un "alto al fuego" frente al aumento reciente de estas muertes e instó a que todas las acciones de los organismos de seguridad se ajusten a lo dispuesto por la Constitución y las leyes.

Señaló que datos oficiales registran 142 personas fallecidas en supuestos intercambios de disparos durante el primer semestre del 2026, lo que representa un incremento del 16.4 % respecto al mismo periodo del 2025.

Asimismo, informó que hasta el 25 de septiembre se reportaron 99 homicidios ese mes, de los cuales 45 fueron catalogados como "Acción Legal", equivalente al 45.5 % del total. La entidad enfatizó que ninguna orden de arresto, antecedente o acusación convierte automáticamente a una persona en culpable.

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