Fuente: Listin diario
Como una forma de contrarrestar el aumento, algunos consumidores prefieren comprar directamente en distribuidoras para abastecerse durante la semana.
El precio del botellón de agua en el Gran Santo Domingo se sitúa entre RD$120, RD$125 y RD$130.
Este incremento sostenido por más de dos meses ha generado desconcierto, preocupación y cuestionamientos entre los consumidores, sin que hasta ahora haya señales de intervención por parte de las autoridades responsables de la vigilancia y defensa del consumidor.
"Por mi casa está a RD$125. Mejor morirse de sed", comenta Schara Rodríguez.
No obstante, algunos ciudadanos aseguran que el costo puede variar según la zona donde se resida y si la compra incluye entrega a domicilio.
"Ya sabes: el agua cuesta RD$120, pero si te la llevan a la casa sale en RD$130", indica Rosa González, ama de casa.
"Y barata la están vendiendo, hay colmados donde la venden más cara. Bienvenida al club, por eso la compro en la distribuidora", añade Eduard.
Estrategia para enfrentar el encarecimiento
Para enfrentar el aumento, varios consumidores optan por adquirir directamente en distribuidoras para su consumo semanal.
"Yo, por ejemplo, compro seis botellones para la semana. Me duran una semana o semana y media. Mientras se van gastando, vuelvo a abastecerme. La compro fresca allá", explicó este padre de familia.
Eduard comentó que en la distribuidora paga RD$55 por cada botellón, por lo que considera que a los comercios mayoristas les deben vender aún más barato.
"Ellos le venden más barato a los colmados, pero estos lo venden al doble", afirmó el consumidor.
Al consultar con uno de los comerciantes, este confirmó que el precio actual del botellón lleva más de dos meses sin cambios.
Esta situación afecta directamente la economía familiar, especialmente en sectores vulnerables, dado que se trata de un producto básico. Por ello, los consumidores consideran necesaria la intervención del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), entidad encargada de supervisar y defender al consumidor ante aumentos "abusivos".
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