Fuente: Odalis Mejía/odalis_mejia@hoy.com.do
La población dominicana se encuentra en una situación compleja, enfrentando la delincuencia, exigiendo acciones y soportando una actuación policial desbordada, caracterizada por ejecuciones de presuntos delincuentes que parecen no amedrentarse.
Durante septiembre pasado, casi 50 personas murieron a manos de agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), y ya para el 3 de octubre se reportaron dos nuevos casos de supuestos intercambios de disparos, en los que ningún policía resultó herido, mientras la ciudadanía contabiliza las víctimas diariamente.
Estas acciones han recibido críticas de diversas entidades y figuras públicas, que señalan su violación al Estado de derecho y sostienen que esta no debe ser la vía para combatir la delincuencia. No obstante, parte de la opinión pública respalda la violencia policial contra los antisociales. De hecho, el informe Latinobarómetro 2026 revela que el 69% de los dominicanos considera que "un poco de mano dura al gobierno no le viene mal", aunque solo el 21% está satisfecho con la gestión policial.
¿Una política de Estado?
Recientemente, el sociólogo Cándido Mercedes documentó que desde 1996 hasta el 3 de julio pasado, la Policía ha ultimado a 7,134 hombres sindicados como delincuentes. De ese total, 4,024 ocurrieron durante los tres gobiernos de Leonel Fernández; 1,060 bajo Hipólito Mejía; 1,092 en los dos períodos de Danilo Medina; y 959 durante los seis años del actual mandato de Luis Abinader.
Mercedes sostiene que esto constituye una política de Estado cumplida cabalmente. "Durante los últimos 30 años ha sido una política estatal quizás la más consistente y permanente en la sociedad dominicana. Somos, dentro de la región, líderes en muertos originados por esta institución creada en 1936", afirmó.
Sin embargo, recientemente la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró que los llamados "intercambios de disparos" no forman parte de una política estatal y subrayó que la reforma policial tiene entre sus principios la protección de los derechos humanos.
A pesar de las declaraciones de Faride sobre los hechos recientes, no se conoce que se haya iniciado alguna investigación para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza o incumplimiento de protocolos policiales.
Tampoco el Ministerio Público ha abierto pesquisas sobre estos casos ni se ha reportado querella alguna por parte de familiares, aunque hay situaciones donde las muertes ocurrieron frente a ellos. Tal es el caso en Boca Chica del expolicía Deivi Rosado Durán, alias "El Gordo", señalado como miembro del grupo delictivo "Los Fantasmas", quien fue ejecutado mientras estaba acostado y con problemas de salud en presencia de sus padres. Este silencio institucional e individual resulta llamativo.
Críticas
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana han cuestionado los denominados intercambios de disparos y han solicitado a las autoridades respetar el debido proceso en las acciones contra la delincuencia.
Finjus hizo un llamado a mantener el equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales, considerando que la respuesta estatal ante la criminalidad no puede limitarse exclusivamente a la acción policial.
Además, señaló que República Dominicana enfrenta retos importantes vinculados a la criminalidad violenta y resaltó la necesidad de desarrollar una política integral que combine prevención, políticas sociales, investigación, persecución y sanción.
También enfatizó que los agentes deben contar con entrenamiento adecuado, preparación y respaldo institucional para actuar en situaciones riesgosas.
Por su parte, Participación Ciudadana consideró que el Gobierno "parece haber perdido la paciencia" ante los niveles de violencia que afectan a la ciudadanía y afirmó que en lugar de recurrir a métodos considerados "fracasados e inconstitucionales", debe intensificar esfuerzos para completar la reforma policial iniciada.
A las críticas sobre la actuación policial se sumó el abogado Carlos Balcácer, quien rechazó el uso automático del argumento de legítima defensa para justificar muertes ocurridas durante intervenciones policiales.
También cuestionó al Poder Judicial por mencionar que algunos fallecidos tenían múltiples fichas policiales, señalando que esas anotaciones podrían corresponder a procesos en los cuales fueron absueltos o liberados.
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también han expresado críticas.
"Siempre defenderé que impere el Estado de Derecho; eso implica que la Policía investigue, el Ministerio Público tramite los casos, los jueces conozcan y existan sentencias suficientemente contundentes para hacer reflexionar al crimen organizado", declaró Ulloa añadiendo: "Nunca estaré de acuerdo con el asesinato".
Mercedes afirmó por su parte que nadie puede estar por encima de la Constitución y advirtió que apartarse de las normas establecidas pondría en peligro el Estado democrático y social de derecho.
Fichas y registros
El presidente Luis Abinader ha asumido un protagonismo destacado en este tema con pronunciamientos firmes dirigidos a prófugos para que se entreguen o enfrentarán consecuencias peores. Este mensaje fue reiterado luego del asesinato de la esposa del cantante Julián "Oro Duro", quien también resultó herido durante un robo en su domicilio; cuatro personas permanecen detenidas por este caso.
Desde septiembre pasado se han entregado 115 prófugos; 29 lo hicieron tras el llamado presidencial.
La Policía Nacional informó que hay 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas distribuidas en 31 categorías delictivas.
Cabe destacar que dentro del listado figura un hombre con 41 órdenes o fichas pendientes.
Al respecto, Abinader expresó que una persona con diez fichas delictivas o registros policiales tiene pocas posibilidades reales de reinserción efectiva. "Una persona con diez fichas es muy difícil. No veo muchas posibilidades para su reincorporación social", afirmó.
Asimismo defendió la necesidad urgente de contar con un nuevo Código Penal acorde a las modalidades actuales delictivas: "Se requiere una reacción inmediata con un código capaz de enfrentar esos retos actuales", añadió.
ZOOM
Situación en contexto reformista
Este escenario se presenta en medio del proceso de reforma policial iniciado hace más de cinco años y cuyos avances más visibles son mejoras salariales (con un sueldo base para un raso de 29 mil pesos), una nueva política formativa y mecanismos reforzados para el control interno. Estas medidas han hecho atractiva la carrera policial: hasta el mes pasado alrededor de 3,000 jóvenes habían aplicado para ingresar; mientras tanto se han graduado ya 12,272 agentes.
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