Fuente: Lency Alcántara/lency_alcantara@hoy.com.do
Una reciente emisión de El Informe con Alicia Ortega volvió a poner bajo escrutinio el supuesto costo que implica para el Estado dominicano el mantenimiento de la Cámara de Diputados.
Más allá del sueldo oficial, la investigación reveló un presunto entramado de beneficios, incentivos y exoneraciones que incrementan notablemente los ingresos que recibe cada legislador.
Análisis de los ingresos legislativos
Según la información expuesta en el espacio investigativo, el paquete salarial de un diputado abarca:
Sueldo base: Un salario fijo mensual de RD$320,000.
Aunque el sueldo oficial de un diputado es de RD$320,000 mensuales, el programa mostró que la suma de diversas asignaciones fijas y bonificaciones puede elevar las percepciones regulares hasta los RD$612,000 al mes, sin contar los beneficios adicionales por viáticos.
Entre estos conceptos destacan:
Dietas por asistencia al Pleno: Pagos extra cercanos a RD$6,000 por cada sesión ordinaria a la que asisten.
Bonificaciones por comisiones: Incentivos de alrededor de RD$4,500 por cada reunión en las comisiones legislativas, un mecanismo que premia la participación en el análisis y discusión de proyectos.
Viáticos y gastos de representación: Recursos destinados a cubrir traslados, actividades oficiales y la labor representativa ante la ciudadanía.
Exoneraciones y personal de apoyo institucional
El reportaje también abordó los beneficios materiales y operativos vinculados al ejercicio legislativo:
Exoneraciones vehiculares: Según el informe, los congresistas gozan del beneficio de dos exoneraciones fiscales para la importación de vehículos de lujo durante su gestión, un privilegio que ha generado intensos debates debido a su impacto fiscal y al uso que se da a estas autorizaciones.
El Estado financia además la nómina del equipo de confianza de cada diputado, que incluye asistentes y choferes asignados para respaldar sus funciones administrativas.
La investigación señaló asimismo el elevado costo financiero para llegar al hemiciclo, destacando que una campaña electoral para una diputación en provincias puede alcanzar los 20 millones de pesos, un elemento que frecuentemente alimenta las discusiones sobre el financiamiento político.
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