Fuente: Listin diario
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dispuso este martes ofrecer apoyo legal a los 17 exmilitares colombianos señalados de participar en el complot para asesinar en 2021 al entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse.
"No soy un presidente que abandone a sus héroes cuando enfrentan adversidades. No los dejaré solos: contarán con respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se esclarezca", afirmó De la Espriella en X.
Estas personas forman parte de un grupo de 30 individuos procesados en Estados Unidos por el magnicidio de Moïse. El pasado 21 de septiembre comparecieron ante una corte federal en Miami tras ser extraditados desde Haití, donde se encontraban detenidos.
Durante esa audiencia, la jueza Lisette Reid asignó abogados defensores a los imputados y estableció las próximas fechas para las audiencias del caso.
"Quiero conocer con exactitud lo ocurrido y que se determine la responsabilidad individual de cada uno", añadió el presidente colombiano, quien indicó que la instrucción fue dada a sus ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y de Justicia, Iván Cancino.
Los acusados enfrentan cargos federales que incluyen conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y conspiración para brindar apoyo material con resultado mortal, delitos que pueden implicar penas de hasta cadena perpetua.
En Haití, más de 50 personas han sido imputadas en relación con el magnicidio, entre ellas la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso sigue paralizado debido a la situación de inseguridad que afecta al país caribeño.
De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, el objetivo de los conspiradores era colocar a Christian Sanon como sucesor de Moïse en la presidencia de Haití y que, una vez en el cargo, adjudicara contratos a una empresa radicada en Doral (Florida), vinculada a varios acusados.
El plan inicialmente fue presentado a los exmilitares colombianos como una operación para detener legalmente a Moïse y contó, según la denuncia, con el supuesto respaldo de agencias estadounidenses.
El asesinato de Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe, sumió a Haití en una prolongada crisis política y de seguridad que facilitó la expansión de bandas armadas y agravó la crisis humanitaria. Además, provocó un aumento en la migración haitiana hacia otros países, incluido Estados Unidos.
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