Fuente: Alfredo Meza/alfredo_meza@cnnespanol.cnn.com
Según la fiscalía de Nueva York, Maduro y Flores buscaban silenciar a la oposición venezolana mediante torturas a ciudadanos estadounidenses
Los testimonios incluidos en la reciente acusación presentada este jueves contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores revelan patrones de tortura, desaparición forzada y represión a opositores que coinciden con los documentados en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, según un análisis realizado por CNN.
Este nuevo escrito judicial amplía las conclusiones alcanzadas por la misión de la ONU en su informe de 2020. Entre los puntos más destacados del documento de 35 páginas, la Fiscalía estadounidense señala que Maduro tuvo una participación directa y personal en decisiones relacionadas con detenciones, interrogatorios y actos de tortura.
Manifestantes opositores se enfrentaron a policías antidisturbios durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 8 de marzo de 2014.
De acuerdo con el informe de la ONU de 2020, existían "motivos razonables" para creer que el entonces presidente venezolano y otros altos funcionarios "no solo estaban al tanto de los crímenes, sino que colaboraron activamente mediante la coordinación y el suministro de recursos para llevar a cabo los planes y políticas bajo los cuales se cometieron".
La Misión inició su labor en 2019, pero abarca casos desde el primer semestre de 2014, fecha en que comenzaron las grandes protestas contra Maduro, quien había asumido la presidencia un año antes tras la muerte de Hugo Chávez. Los primeros hallazgos detallados fueron publicados en 2020.
Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, afirmó que su cliente niega el nuevo cargo de conspiración para cometer tortura y espera con interés su próxima comparecencia. Además, Maduro se declaró inocente respecto a las acusaciones por narcoterrorismo y tráfico de drogas.
El gobierno venezolano siempre ha rechazado las conclusiones emitidas por los informes de la ONU. No obstante, las denuncias consignadas por la Fiscalía se suman a relatos de víctimas y defensores de derechos humanos que han descrito, tanto en reportes como entrevistas periodísticas, una maquinaria represiva bien organizada destinada a reprimir la disidencia y mantener a la pareja presidencial en el poder.
Según esta acusación, Maduro y Flores dirigieron un sistema basado en la violencia contra opositores políticos, detenciones arbitrarias y torturas a personas detenidas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.
El documento describe que estos ciudadanos sufrieron descargas eléctricas, asfixia, golpes severos, secuestro, aislamiento prolongado en celdas de castigo y torturas psicológicas, además de amenazas dirigidas a sus familiares, incluyendo niños.
Según la investigación realizada por la ONU, tales métodos también fueron empleados para obtener confesiones forzadas que implicaran a terceros.
CARACAS, VENEZUELA – NOVIEMBRE 21: El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores participan en una marcha con motivo del "Día del Estudiante Venezolano" en Miraflores, Caracas, Venezuela. (Foto por Jesus Vargas/Getty Images)
Las declaraciones de tres estadounidenses
Los relatos aportados por tres presuntas víctimas no identificadas en el documento brindan una visión alarmante sobre el funcionamiento del aparato represivo del gobierno venezolano.
Uno identificado como "víctima 7" relata haber sido detenido en enero de 2022 al ingresar a Venezuela. Permaneció preso durante ocho meses y medio; según la acusación le negaron alimentos y le aplicaron una sustancia que le provocó convulsiones.
Otro ciudadano estadounidense denominado "víctima 8" indicó que tras ser arrestado en agosto de 2023 mientras viajaba para visitar familiares, agentes de inteligencia militar lo agredieron hasta causarle una lesión grave en la espalda que requirió hospitalización. Después fue trasladado en ambulancia a las instalaciones del organismo donde le colocaron un arma en la boca y le infligieron descargas eléctricas, según consta en la acusación.
Uno de sus captores le habría dicho que seguía con vida porque un alto funcionario valoró su nacionalidad estadounidense como útil para un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos.
Entre 2022 y 2025 se llevaron a cabo negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos que resultaron en varias liberaciones. En octubre de 2022 Caracas dejó en libertad a seis ejecutivos estadounidenses de Citgo a cambio del perdón presidencial otorgado por Joe Biden a dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico; situación parecida ocurrió en diciembre de 2023 cuando Alex Saab recibió clemencia mientras diez estadounidenses detenidos fueron liberados. En enero de 2025 el enviado especial estadounidense Richard Grenell negoció la libertad de seis personas más a cambio del reinicio de vuelos deportatorios hacia Venezuela desde EE.UU.
Un tercer estadounidense citado como "víctima 9" relató haber sido detenido aproximadamente el 29 de enero de 2025 luego que agentes acudieran a su hogar buscando a otra persona. Permanece preso durante un año. Tras su captura fue llevado encapuchado al sótano de lo que describió como un cuerpo policial donde fue golpeado durante 48 horas; esto le ocasionó una lesión permanente en un ojo según la Fiscalía.
Los cargos presentados contra Maduro y Flores deberán ser comprobados en un juicio previsto para junio de 2027. El documento también detalla el presunto rol que habrían tenido funcionarios venezolanos no identificados involucrados en las torturas. Hasta ahora no ha habido reacción oficial del gobierno venezolano ante estas nuevas acusaciones; sin embargo, tras la audiencia del pasado 5 de enero cuando Maduro se declaró inocente por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico ilegal de drogas sí hubo pronunciamientos públicos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez no hizo comentarios inmediatos sobre estas acusaciones mientras anunciaba el inicio oficial de Navidad para el 1º noviembre.
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