Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Santo Domingo.- La República Dominicana logró un avance importante en la lucha contra la trata de personas, al ser posicionada en el Nivel 2 según el informe más reciente divulgado por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Entre las acciones clave que reflejan el fortalecimiento de los esfuerzos estatales para eliminar este delito, destaca la reforma de la Ley contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas (Ley 137-03), que suprime la exigencia de probar fuerza, fraude y coacción en casos de trata que afectan a menores, adecuando la legislación local a los parámetros internacionales, especialmente en situaciones de explotación sexual.
Asimismo, en el marco normativo se aprobó y asignó presupuesto nacional al nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028. Se implementó la Resolución N.º 13-2024, que establece un procedimiento para otorgar tarjetas de identificación a personas apátridas. Durante la revisión de la Ley 137-03 se consultó tanto a organizaciones civiles como a sobrevivientes del delito, y se mantiene vigente la aplicación del artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que sanciona con penas entre 20 y 30 años la entrega o explotación de menores de 18 años.
En materia judicial y penal, las autoridades exhibieron un incremento notable al iniciar 229 investigaciones relacionadas con la trata y procesar a 50 sospechosos conforme a la ley especial. El reporte también resalta el compromiso con la depuración institucional, evidenciado en las pesquisas contra ocho funcionarios presuntamente implicados y en la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, incluyendo agentes de las fuerzas del orden.
En cuanto a prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo intensificó las supervisiones en sectores vulnerables como agricultura, construcción e industria azucarera, alcanzando un total de 1,050 inspecciones. Estas acciones derivaron en la suspensión de actividades en 11 empresas privadas tras detectar indicios de trabajo forzoso. Complementariamente, el programa piloto de registro migratorio formalizó mediante contratos laborales a más de 7,400 trabajadores, contribuyendo así a disminuir su vulnerabilidad y asegurar su libertad de movimiento.
Finalmente, en materia de asistencia y protección se identificaron 136 víctimas, con 134 recibiendo atención integral financiada por el Estado, que incluyó servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. Gracias a la colaboración entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Conani, continuaron operando refugios especializados y se garantizó protección constante para víctimas y testigos durante los procesos judiciales. Estas acciones fueron complementadas con campañas preventivas multilingües y capacitaciones permanentes al personal encargado del orden público.
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