Fuente: Listin diario
Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, y con esta acción busca "proteger la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos", informó el Departamento de Estado.
Este viernes, Estados Unidos anunció sanciones contra la CPI y se comprometió a paralizar las actividades de dicho tribunal, apenas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza Navi Pillay.
El gobierno estadounidense reiteró que no pertenece a la CPI y señaló que esta medida tiene como objetivo salvaguardar "la soberanía estadounidenses y a sus ciudadanos", según comunicó el Departamento de Estado.
Por su parte, la corte rechazó las sanciones y aseguró que "la historia juzgará este momento", mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión de Washington como un "grave golpe" para la justicia internacional.
El anuncio coincidió con el día en que el Comité Noruego concedió el premio a Pillay, una jurista de 85 años que presidió el tribunal para juzgar el genocidio en Ruanda, trabajó en la CPI y posteriormente dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que Washington prohibirá cualquier transacción con la CPI, a la cual describió como "deshonesta".
"O la CPI desiste de sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI", afirmó en un comunicado.
Rubio no hizo referencia a Pillay ni al premio Nobel. En cambio, explicó que las sanciones son necesarias para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de posibles procesos legales.
"El presidente (Donald) Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional juzgue a estadounidenses", subrayó Rubio, añadiendo que estas medidas paralizarán "su capacidad operativa".
Seis meses de plazo
No obstante, Washington otorga un plazo de seis meses al alto tribunal para que los Estados miembros demuestren mediante acciones concretas que abordan "las preocupaciones de Estados Unidos".
Para la Corte, estas sanciones representan "un ataque contra el Estado de derecho y los pilares mismos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley".
"La decisión tomada hoy constituye un grave retroceso en nuestra búsqueda conjunta de justicia penal internacional, donde la CPI juega un papel esencial", afirmó el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.
"Paso a paso"
El jefe de la diplomacia estadounidense declaró que durante más de un año Washington ha explicado los "gestos básicos de buena fe" que esperaba del tribunal y ha evitado imponer sanciones con la esperanza de que la CPI o sus Estados miembros cambiaran su postura.
"Esperamos que nuestros aliados puedan apaciguar a la Corte. De lo contrario, Estados Unidos continuará desmantelando la CPI paso a paso, hasta que los estadounidenses ya no estén en riesgo", detalló Rubio.
"Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de aplicar sanciones", expresó en un comunicado la Comisión Europea.
"La UE está preparada para adoptar todas las medidas necesarias para permitir que este tribunal continúe su labor", añadió el brazo ejecutivo del bloque.
Japón también manifestó su respaldo a la entidad.
En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu —quien enfrenta una orden de arresto emitida por el organismo con sede en La Haya desde 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el conflicto en Gaza— calificó a la CPI no como un tribunal sino como una "entidad política".
"Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar acciones concretas para resistir estas sanciones", declaró Amnistía Internacional.
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