Fuente: Listin diario
Organizaciones sociales y expertos en derecho cuestionan los supuestos intercambios de disparos, mientras que la Policía resalta la disminución de denuncias por robos y hace un llamado a los prófugos para que se entreguen a la Justicia.
Las muertes de jóvenes durante presuntos enfrentamientos armados con agentes policiales han desatado un debate entre ciudadanos, agrupaciones sociales y diversos sectores de Santiago acerca de las tácticas usadas para combatir la delincuencia, el respeto a los derechos fundamentales y la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana.
Este intercambio surge tras reportarse más de 20 fallecimientos en un mes en la región del Cibao durante supuestos choques con las autoridades, cifra que ha generado inquietud y cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurren estas muertes, especialmente cuando las víctimas son señaladas como prófugas o cuentan con antecedentes penales.
Mientras algunos sectores consideran que las acciones policiales son necesarias para enfrentar la criminalidad y restaurar la tranquilidad en las comunidades, representantes de organizaciones sociales y juristas advierten que la persecución del delito no puede reemplazar los procedimientos judiciales ni justificar el uso excesivo de la fuerza.
Raquel Rivera, dirigente de la Coalición de Organizaciones Populares, Sociales, Feministas y Ambientalistas, criticó el uso del término "intercambio de disparos" para describir estos hechos y afirmó que varios casos deberían investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales.
"No se puede hablar de intercambio de disparos; son precisamente ejecuciones que la Policía está realizando contra la juventud", señaló Rivera, quien atribuyó parte del problema delictivo a las desigualdades sociales, la exclusión y la falta de oportunidades para niños y jóvenes.
Según su opinión, la inseguridad no debe analizarse únicamente desde una perspectiva policial, sino que requiere examinar las condiciones que favorecen la marginalidad, las deficiencias en el acceso a la educación y las limitaciones para llevar una vida digna.
Consideró que la carencia de políticas públicas efectivas contribuye a perpetuar un escenario donde la violencia afecta tanto a las comunidades como a los propios jóvenes.
Rivera también reprochó el respaldo de ciertos ciudadanos a las muertes de personas señaladas como delincuentes para combatir la criminalidad. Advirtió que en un país donde no existe pena de muerte como sanción judicial, ninguna acusación ni antecedente penal puede ser usado para desconocer el derecho a la vida y las garantías procesales.
En el ámbito jurídico, el abogado santiaguero Juan Carlos Genao sostuvo que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida de todas las personas, incluidas aquellas acusadas de delitos, y garantizar su respuesta ante la Justicia mediante los procedimientos establecidos.
Manifestó preocupación por lo que calificó como un uso del denominado "Código 29" que podría transformarse en una especie de sentencia de muerte al margen del proceso judicial.
Afirmó que deben respetarse desde la investigación policial hasta una eventual acusación ante tribunales tanto la presunción de inocencia como el debido proceso.
"La violencia no se combate con más violencia", argumentó Genao, señalando que presentar las muertes de supuestos delincuentes como resultado de operativos no prueba por sí sola una baja real en la criminalidad.
Para él, la prevención debe ocupar un lugar fundamental en las políticas estatales junto con la investigación del delito y el fortalecimiento del sistema judicial.
Respecto al tema, Saúl Abreu, vicepresidente ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), cuestionó los métodos empleados para enfrentar la delincuencia y advirtió sobre el riesgo de que el llamado "Código 29" se convierta en una forma de pena capital al margen del debido proceso.
Abreu afirmó que el Estado dominicano está obligado a proteger la vida de todos sus ciudadanos, incluidos aquellos acusados de delitos, conforme a la Constitución y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El representante empresarial destacó que las acusaciones penales deben ser investigadas por las autoridades competentes y sometidas a los procesos establecidos por el sistema judicial, respetando siempre la presunción de inocencia y el debido proceso.
"La violencia no se reduce con más violencia", expresó Abreu, al considerar que las muertes de personas señaladas como presuntas delincuentes no reflejan necesariamente una reducción real en los índices criminales, sino que podrían alterar solamente cómo se presentan estas cifras oficialmente.
Para él, cuando una persona fallece durante un supuesto enfrentamiento con agentes policiales, ese hecho suele divulgarse públicamente como resultado del operativo; sin embargo, esto no demuestra por sí mismo una disminución en las causas profundas de la delincuencia ni una mejora en la seguridad ciudadana.
Abreu sostuvo que prevenir debe ser uno de los ejes centrales en las políticas estatales contra el crimen y afirmó que las respuestas oficiales deben enfocarse en reducir los delitos mediante acciones efectivas sin sacrificar los derechos fundamentales.
En contraste con estas críticas, Ernesto Rodríguez García, director general de la Policía Nacional y mayor general, instó a quienes tienen órdenes pendientes a entregarse voluntariamente.
Garantizó que durante el proceso se respetarán sus derechos constitucionales y humanos e indicó que las estaciones policiales están preparadas para recibir a quienes decidan presentarse.
El alto oficial informó que personas requeridas mediante órdenes emitidas en 2012 y 2014 ya se han entregado aunque no precisó cuántas exactamente.
También dijo que el agente herido recientemente permanece estable tras ser operado quirúrgicamente en una mano y continúa su recuperación en casa.
La Policía fundamenta parte de su evaluación sobre seguridad ciudadana en estadísticas oficiales. Según datos de la Dirección Cibao Central, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 7,382 denuncias por robos frente a 4,959 durante igual periodo en 2026. La disminución de 2,423 casos implica un descenso del 32.8%.
La tendencia también se observó en agosto: denuncias pasaron de 765 en 2025 a 394 en 2026, lo cual representa una caída de 371 casos o un 48.5%. La institución reportó además que Santiago cuenta con una tasa homicida de 5.4 por cada 100 mil habitantes, considerada como la segunda más baja entre las 19 direcciones regionales policiales.
Aunque estos datos sugieren una reducción en denuncias por robos y atracos, su interpretación requiere distinguir entre delitos denunciados, hechos reales acontecidos y resultados efectivos tras intervenciones policiales.
Una baja en denuncias es indicador relevante pero no basta para determinar por sí sola las causas ni confirmar si todos los aspectos relacionados con seguridad ciudadana han mejorado.
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