Fuente: Loyda Peña/loyda_pena@hoy.com.do
Un colectivo de juristas solicitó ayer a la Procuraduría General de la República que inicie de forma inmediata una investigación sobre las muertes masivas ocurridas en operativos policiales.
Además, los abogados exigen la suspensión temporal de las funciones tanto de los agentes del DICRIN y fiscales involucrados, como del propio director de la Policía, a través del Poder Ejecutivo, mientras duren las indagaciones.
En un documento legal presentado ante el órgano persecutor, los abogados Carlos Balcácer, Cándido Simón, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ven, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra y Valentín Medrano solicitan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de al menos 47 jóvenes y adolescentes abatidos durante supuestos "intercambios de disparos" entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.
El escrito señala que, mientras en los 42 días previos al cambio de mando se registraron un máximo de 14 fallecimientos, esa cifra aumentó a 47 abatidos en los primeros 42 días de la nueva administración al frente de la Policía Nacional, lo cual equivale a un promedio superior a una muerte diaria.
Cuestionan que estas muertes sean presentadas como "actuaciones legales" sin antes realizar una investigación exhaustiva e independiente que incluya análisis forenses, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales, actas procesales y testimonios tanto presenciales como de familiares.
También solicitan que se investigue el alcance jurídico de las declaraciones relacionadas con la denominada "posición 29", atribuidas supuestamente al director general de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para determinar si existe alguna responsabilidad legal comprometida.
Igualmente acusan a los fiscales de respaldar o encubrir los hechos al levantar actas que intentan justificar "falsas legítimas defensas", incurriendo presuntamente en coautoría o complicidad.
Fiscales independientes
Solicitan que la PGR asuma la investigación mediante sus órganos competentes para establecer responsabilidades penales ante lo que califican como "ejecuciones sumarias".
Para ello exigen la designación de un equipo fiscal independiente y advierten que, si no se lleva a cabo una investigación efectiva, los firmantes se reservan el derecho de acudir a otras instancias nacionales e internacionales.
Los juristas ofrecieron estas declaraciones en rueda de prensa tras realizar el depósito formal del documento.
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