Fuente: Jeremy Herb/jeremy_herb@cnnespanol.cnn.com
¿Por qué ICE examinó millones de registros de votantes en Estados Unidos?
La administración de Donald Trump advirtió que tomaría acciones legales contra los funcionarios electorales de California si no revisaban en un plazo de 48 horas una lista de supuestos no ciudadanos incluidos en el censo electoral de Los Ángeles, según una carta del Departamento de Justicia fechada el martes y obtenida por CNN.
La misiva, firmada por el segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, representa un aumento en la presión ejercida para que se realicen depuraciones electorales con boletas ya enviadas en algunos estados, luego de que los tribunales rechazaran repetidamente los intentos del Gobierno de intervenir en la organización de las elecciones.
Esta es la medida más reciente dentro de la campaña gubernamental para detectar fraude electoral, en medio de las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude masivo en los comicios.
El Departamento de Justicia exige a los funcionarios electorales que se nieguen a enviar boletas a quienes figuran como posibles votantes no ciudadanos y solicita que separen las papeletas de estos hasta que se confirme su ciudadanía.
En la carta, el secretario adjunto interino de Justicia, Trent McCotter, advirtió que si los funcionarios electorales del condado de Los Ángeles no actúan para identificar a los presuntos votantes no ciudadanos, el Departamento "no tendrá otra opción que solicitar medidas cautelares urgentes".
McCotter detalló que se entregó un dispositivo USB protegido con contraseña que contiene nombres que el Gobierno "considera probablemente correspondan a personas no ciudadanas" a quienes se les envió boleta electoral por correo este año. Asimismo, pidió colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para atender sus requerimientos.
Reuters fue el primer medio en publicar la carta.
Los voceros de la secretaria de Estado californiana, Shirley Weber, y del registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, no respondieron inmediatamente a las consultas de CNN sobre estas nuevas exigencias del Gobierno.
No está claro qué vía legal usaría el Ejecutivo federal para obligar a los funcionarios electorales californianos a acatar estas solicitudes. La Constitución otorga principalmente a los estados la responsabilidad sobre la organización electoral, aunque permite al Congreso establecer algunas regulaciones al respecto.
A inicios del verano, el Departamento de Justicia envió cartas advirtiendo que procesaría a quienes no tomaran medidas para eliminar a no ciudadanos de los registros electorales; sin embargo, funcionarios estatales tanto demócratas como republicanos desestimaron esas amenazas.
No se sabe por qué el Departamento envió esta carta justo ahora, dado que los funcionarios electorales consideran que ya expiró el plazo para modificar protocolos.
"Las listas electorales californianas son públicas y esta administración ha tenido 21 meses con control total del Gobierno federal para revisar esos registros públicos", comentó David Becker, exabogado electoral del Departamento de Justicia y asesor actual de administradores electorales.
"California envió boletas por correo a todos los votantes el 5 de octubre. Es cuestionable por qué el Departamento violaría sus propias normas sobre investigaciones cercanas al día electoral y más aún una semana después del envío masivo, especialmente cuando sus señalamientos previos han estado llenos de errores", agregó Becker.
El Departamento defendió el envío de las cartas.
"La ley federal es clara: solo pueden votar ciudadanos estadounidenses en elecciones federales. El Departamento tomará todas las medidas legales necesarias para proteger la integridad electoral y asegurar el cumplimiento federal", afirmó Kiersten Pels, portavoz del Departamento de Justicia.
La administración Trump ha sostenido que cientos de miles de personas no ciudadanas están inscritas en registros electorales. En agosto, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin declaró que su departamento identificó 250.000 no ciudadanos registrados para votar en cuatro estados —incluidos California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada— tras comparar registros públicos con bases federales migratorias.
Sin embargo, estas afirmaciones han sido minuciosamente examinadas y en algunos casos refutadas. Por ejemplo, en Nevada el DHS reconoció ante autoridades estatales que su cifra inicial de 15.900 presuntos votantes no ciudadanos era preliminar y no verificada; tras revisión manual solo "confirmaron" 185 casos. El mes pasado, funcionarios nevadenses informaron al DHS que todas esas personas eran ciudadanas, postura que DHS rechaza.
La División de Derechos Civiles del Departamento también solicitó datos completos del padrón estatal como parte del rastreo a posibles votantes no ciudadanos. El departamento ha demandado a 30 estados para obtener esta información pero ha perdido todos los casos resueltos hasta ahora, incluido California.
Otros intentos federales para controlar cómo gestionan las elecciones los estados también fueron rechazados por tribunales. La Corte Suprema bloqueó una directriz presidencial para que el Servicio Postal revisara papeletas por correo y suspendió un decreto previsto para 2025 que pretendía aumentar requisitos sobre pruebas de ciudadanía en registros electorales.
Las iniciativas legislativas impulsadas por Trump para implementar estos requisitos tampoco prosperaron este año en el Congreso. Un fallo reciente desestimó una demanda contra un votante no ciudadano presentada por el Gobierno en Florida y generó dudas constitucionales sobre la ley federal que prohíbe votar a personas no ciudadanas.
Una victoria importante llegó cuando la Corte Suprema aprobó un sistema federal basado en datos migratorios que Trump recomendó usar a los estados para verificar ciudadanía entre votantes registrados. Más de la mitad usan voluntariamente este sistema. Sin embargo, incluso funcionarios electorales republicanos rechazan propuestas del Departamento para eliminar automáticamente votantes considerados inelegibles debido a dudas sobre la precisión de estas herramientas federales.
Con información de Gabe Cohen, CNN.
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