Fuente: Listin diario
Informe pone al descubierto una sobrepoblación de más de 6,900 internos y condiciones que continúan vulnerando la dignidad humana en las cárceles del país
La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) dio a conocer en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, un documento que revela los principales retos del sistema penitenciario dominicano, con especial énfasis en el aumento de la prisión preventiva y el persistente hacinamiento en los centros penales nacionales.
Durante la presentación, el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, manifestó su preocupación por el crecimiento sostenido de la prisión preventiva, una situación que sigue afectando negativamente la capacidad del sistema penitenciario para garantizar condiciones dignas de alojamiento.
"La prisión preventiva debe ser una medida excepcional y no la norma", enfatizó.
De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 la población penitenciaria nacional alcanzaba las 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 estaban bajo prisión preventiva, lo que equivale al 64.57 %, mientras que 8,156 internos (35.43 %) cumplían condenas definitivas. Esta cifra representa uno de los niveles más altos registrados en años recientes y evidencia el uso persistente de esta medida cautelar más allá de su carácter excepcional.
El informe también muestra que la población penitenciaria continúa siendo mayoritariamente masculina, con 22,563 hombres (96.96 %) y 707 mujeres (3.04 %) privadas de libertad. La Defensa Pública señaló que, aunque las mujeres constituyen una minoría dentro del sistema, sus necesidades requieren políticas específicas conforme a las Reglas de Bangkok, además de una atención especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme a las Reglas de Beijing.
Hacinamiento supera la capacidad instalada en cárceles
La capacidad oficial del sistema penitenciario dominicano es de 16,357 plazas, mientras que la población recluida asciende a 23,270 personas, lo que representa una ocupación del 142.26 % y un exceso de 6,913 internos por encima de la capacidad real de los recintos penitenciarios.
En otras palabras, las cárceles del país albergan un 42.26 % más personas que las diseñadas para recibirlas, una situación que agrava las condiciones de vida de los privados de libertad y complica la gestión penitenciaria.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que como consecuencia directa de esta realidad muchos internos continúan durmiendo en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como "goletas".
Condiciones críticas en cárceles preventivas
El informe también documenta graves deficiencias en los servicios médicos, falta de medicamentos y equipos sanitarios, limitaciones en la atención a la salud mental, insuficiencias alimentarias y escasez de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios.
Igualmente califica como preocupante la situación en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se detectaron problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
Avances dignos de reconocimiento
No obstante lo anterior, la Defensa Pública reconoció avances importantes como el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado progresivo de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penales y el fortalecimiento de programas educativos y formativos para las personas privadas de libertad.
También resaltó los esfuerzos dirigidos a construir un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de atención y protección integral.
Llamado a reforzar la reforma penitenciaria
La Oficina Nacional de Defensa Pública reiteró que el fin del informe no es solo señalar carencias sino aportar propuestas que impulsen la transformación del sistema penitenciario nacional.
Valentín Santos afirmó que las cifras evidencian la necesidad urgente de profundizar la reforma penitenciaria y robustecer las políticas públicas orientadas a reducir el hacinamiento, asegurar el uso excepcional de la prisión preventiva y garantizar condiciones carcelarias compatibles con la dignidad humana y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"La manera en que una sociedad trata a las personas privadas de libertad refleja su compromiso con la dignidad humana, la justicia y el Estado de derecho", concluyó Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública.
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