Fuente: Tierney Sneed/tierney_sneed@cnnespanol.cnn.com
El Gobierno de Trump cumplió la amenaza de presentar una demanda contra California por supuestas irregularidades no comprobadas relacionadas con votantes no ciudadanos, en una acción que expertos legales califican como una iniciativa con "escasas posibilidades de éxito" y "un comunicado de prensa disfrazado de litigio".
La demanda, interpuesta este jueves en Los Ángeles, pretende impedir que los funcionarios electorales estatales contabilicen las papeletas de aproximadamente 20.000 personas que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanas.
Este es el intento más reciente del presidente Donald Trump —quien durante años ha hecho afirmaciones infundadas sobre un fraude electoral masivo— para involucrar a su Administración en la organización de las elecciones, función que la Constitución otorga principalmente a los estados.
A comienzos de esta semana, el Departamento de Justicia entregó a la oficina de Dean Logan, registrador y secretario del condado de Los Ángeles, una memoria USB con una lista de personas que el Gobierno considera posibles no ciudadanas inscritas para votar. Sin embargo, la oficina indicó que, debido a sus "protocolos establecidos de privacidad y seguridad informática", hasta el miércoles ni siquiera había accedido al dispositivo. Por su parte, la secretaria de Estado de California, Shirley Weber —también demandada en el caso— señaló el miércoles que el Departamento de Justicia no le había proporcionado dicha lista cuando envió la carta del martes con la petición.
California, que envía boletas por correo a todos sus votantes registrados, empezó su distribución el 5 de octubre.
"Ciertamente, Estados Unidos investiga y procesa activamente casos de votación ilegal", afirmó el Departamento de Justicia en su demanda. "Pero no es práctico ni viable que Estados Unidos investigue, antes del cierre electoral en 2026, a miles —y mucho menos decenas de miles— de personas que dos agencias federales identificaron en el padrón electoral californiano como probables destinatarios de votos por correo".
Derek Muller, profesor en la Facultad de Derecho de Notre Dame, consideró que esta demanda tiene, en el mejor escenario, "bajas probabilidades de éxito".
En la demanda se argumenta que la cláusula de supremacía constitucional permite al Gobierno acudir a tribunales para impugnar la supuesta obstrucción por parte de California a la capacidad federal para hacer cumplir la prohibición del voto por parte de personas no ciudadanas.
Si bien es cierto que esta cláusula establece que ante conflicto entre leyes federales y políticas estatales prevalece la primera, según Muller, el problema radica en que no existe una norma federal que establezca cómo deben los estados verificar la ciudadanía de quienes se inscriben para votar.
"La demanda federal presentada hoy está llena de menciones a la cláusula de supremacía y a la 'prevalencia' federal", escribió Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California en Los Ángeles, en su blog Election Law Blog sobre este nuevo caso del Departamento de Justicia. "Pero la ley federal no anula el derecho estatal a organizar elecciones y determinar los requisitos para sus votantes".
Anteriormente, los tribunales han bloqueado decretos firmados por Trump en 2025 y 2026 para modificar ciertos procedimientos electorales. También han desestimado cerca de dos docenas de demandas presentadas por el Departamento de Justicia contra varios estados para obtener datos confidenciales del registro electoral con fines gubernamentales.
Según la demanda, la afirmación del Gobierno sobre unas 20.000 personas no ciudadanas inscritas en California se basa en información pública del registro electoral obtenida por el Gobierno federal.
"El Estado sabe que podría haber personas no ciudadanas registradas para votar y conoce sus nombres", señala la demanda. "Sin embargo, planea contar sus votos sin verificar su ciudadanía. Por tanto, las acciones californianas facilitan deliberadamente el voto ilegal".
Justin Levitt, profesor en Derecho por la Universidad Loyola Marymount y con experiencia previa en asuntos electorales durante gobiernos demócratas, aseguró: "Esta demanda está condenada al fracaso tanto como cualquier otra presentada hasta ahora por el Departamento de Justicia".
"Resulta complicado identificar un fundamento legal sólido", agregó Levitt, quien calificó esta acción como "un comunicado de prensa disfrazado como litigio".
Preocupaciones sobre privación del derecho al voto
La demanda detalla cómo el Gobierno llegó a sostener que decenas de miles de personas no ciudadanas están registradas para votar en estados que no proporcionaron voluntariamente datos electorales privados para su revisión.
Oficinas del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración compararon registros electorales públicos con datos internos migratorios.
"Los padrones electorales o la información proporcionada al Servicio generalmente carecen de datos completos sobre cada persona", indica la demanda. "Por ello, tras recibir un padrón o datos sobre votantes, el Servicio utiliza software externo para identificar coincidencias con distintos niveles de fiabilidad entre los registros electorales y sus bases internas".
En otros estados, las cifras iniciales alegadas se redujeron significativamente tras un análisis más detallado.
Por ejemplo, en julio el Departamento de Seguridad Nacional afirmó haber detectado 15.903 personas no ciudadanas en los padrones electorales de Nevada. Un mes después aclaró a funcionarios estatales que solo 6.218 coincidencias tenían alta fiabilidad. Posteriormente entregó una lista con 185 presuntos no ciudadanos tras un riguroso proceso manual.
Nevada sostiene que sus registros indican que esas 185 personas parecen ser ciudadanas.
"No hay razones para pensar que los datos entregados a California sean superiores", escribió Hasen. "El riesgo de privar indebidamente a ciudadanos legítimos del derecho al voto es sumamente grave".
En una carta enviada al Departamento de Justicia y divulgada este jueves, Weber afirmó que la información proporcionada carece "tanto del detalle como utilidad necesarios para cualquier investigación".
Asimismo indicó que su oficina está dispuesta a revisar pruebas sobre votantes inelegibles y tomar medidas "en cumplimiento con leyes federales y estatales".
"No obstante, no privaré a miles de californianos del derecho al voto —ni ordenaré a funcionarios electorales locales hacerlo— basándome únicamente en una 'creencia' infundada y probablemente errónea sobre supuestos votantes 'probablemente' no ciudadanos", expresó.
Información recopilada por Gabe Cohen, CNN.
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