Fuente: Hoy Digital
En gran parte de África y América Latina y el Caribe (ALC) se está ampliando una brecha significativa entre las expectativas ciudadanas respecto al Estado y lo que los gobiernos han logrado ofrecer. Particularmente entre las nuevas generaciones, la frustración ante el desempleo, la corrupción, la inseguridad y unos servicios públicos insuficientes está minando cada vez más la confianza en las élites políticas. En África, los datos más recientes de Afrobarometer indican que el 59% de la población considera que las condiciones económicas de sus países son malas, mientras que el 58% opina que van por un rumbo equivocado. El desempleo y la gestión económica figuran entre las preocupaciones prioritarias. En ALC, según Latinobarómetro, solo el 45% de los jóvenes se muestra satisfecho con el funcionamiento democrático, mientras cerca del 40% desconfía de sus gobiernos.
Estas tendencias han reavivado un debate más amplio sobre qué tipo de organización estatal puede impulsar una transformación estructural. Los ciudadanos demandan cada vez más Estados capaces no solo de resolver problemas públicos inmediatos, sino también de promover una transformación productiva.
La insatisfacción creciente con el desempeño estatal no puede explicarse únicamente por estancamiento económico, dado que muchos países en ambas regiones han experimentado un crecimiento relativamente sólido en años recientes. Sin embargo, para dos regiones con un enorme potencial demográfico y económico, este desempeño sigue siendo insuficiente en relación con su peso. Más aún, ese crecimiento no se ha traducido consistentemente en una transformación estructural. En gran parte de ambas regiones, las economías enfrentan dificultades para generar empleo productivo, diversificarse más allá de las materias primas, desarrollar capacidad industrial y construir infraestructuras y capacidades tecnológicas necesarias para elevar la productividad. Por ello, la cuestión no es si África y ALC pueden continuar creciendo, sino si pueden modificar la estructura de ese crecimiento para convertir la expansión económica en transformación productiva y mejoras en el nivel de vida de sus poblaciones numerosas y en rápida expansión.
Aquí radica la importancia crucial de la capacidad estatal. El hecho de que el crecimiento no haya derivado en transformación estructural indica que los Estados deben hacer más que atender problemas públicos inmediatos: necesitan ser capaces de coordinar a los actores y procesos económicos mediante los cuales esa transformación puede producirse. Este rol más exigente del Estado se refleja en las prioridades y preocupaciones expresadas por los ciudadanos en ambas regiones, recogidas por Afrobarometer y Latinobarómetro. En África, estas expectativas están vinculadas a una revisión más amplia del modelo democrático, en un contexto donde crece el debate sobre si los sistemas democráticos actuales garantizan una gobernanza responsable y responden eficazmente a las necesidades socioeconómicas ciudadanas. Estas crecientes dudas sobre los sistemas democráticos existentes abren espacio político para líderes disruptivos que prometen romper con órdenes políticos establecidos y construir Estados más fuertes y eficientes. En el Sahel, esta demanda se expresa mediante un discurso enfocado en la soberanía económica, la autosuficiencia y la resistencia a influencias externas, particularmente a Francia, antigua potencia colonial. Mali, Burkina Faso y Níger son ejemplos claros. En otros países como Senegal, Guinea o Sudán del Sur, el discurso político enfatiza cada vez más un mayor control nacional sobre activos estratégicos para aumentar el valor agregado interno y asegurar que la riqueza generada por recursos contribuya directamente al desarrollo nacional.
No obstante, convertir esas ambiciones en realidad requiere algo más que voluntad política. La soberanía económica también depende de instituciones sólidas capaces de transformar un mayor control sobre activos nacionales en inversión productiva, desarrollo industrial y prosperidad inclusiva. Sin esa capacidad institucional, el nacionalismo de recursos corre el riesgo de quedar reducido a una política demagógica centrada en propiedad y control, sin ser una estrategia eficaz para construir economías productivas. La búsqueda de un Estado capaz no se limita a países con situaciones políticas convulsas o inclinados hacia el nacionalismo de recursos. Marruecos ofrece un ejemplo ilustrativo; su debate político actual subraya la necesidad de un Estado capaz de garantizar una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo a lo largo del territorio nacional. El énfasis en la equidad territorial resulta clave porque la capacidad estatal se pone a prueba no solo por la calidad institucional centralizada sino también por su habilidad para proporcionar infraestructuras, servicios, oportunidades económicas e inversión pública en regiones con distintos niveles de desarrollo. En este sentido, la capacidad estatal supera el mero diseño de políticas eficaces e incluye su aplicación coherente para convertir intenciones políticas en resultados tangibles para ciudadanos y empresas.
ALC ha manifestado una demanda similar por un Estado más competente mediante otro cambio político significativo. El reciente giro hacia la derecha en varios países refleja no solo un cambio ideológico sino también una creciente frustración con gobiernos incapaces de garantizar seguridad, oportunidades económicas y mejoras concretas en la vida cotidiana. Los gobiernos surgidos tras este giro están implementando —con distinto alcance— disciplina fiscal, estabilidad regulatoria, programas macroeconómicos estabilizadores y medidas orientadas a fortalecer la confianza inversionista. Argentina y El Salvador son ejemplos destacados con esfuerzos sostenidos para recuperar estabilidad económica y crear condiciones favorables para inversión y expansión productiva. Sin embargo, aunque estas reformas han mejorado significativamente la gestión macroeconómica y el entorno inversor, aún no está claro si lograrán traducirse en una transformación estructural duradera.
Aunque las trayectorias políticas de África y ALC difieren, convergen cada vez más en torno a la demanda de un Estado capaz que demuestre resultados efectivos. No obstante, satisfacer esta demanda difícilmente implicará revivir al antiguo Estado intervencionista. Ambas regiones vivieron etapas bien conocidas donde modelos estatales dirigistas fracasaron en propiciar transformaciones estructurales profundas. De esas experiencias queda una lección política clara: mayor intervención estatal no implica necesariamente mayor capacidad estatal. Lo que se requiere es un Estado ágil que actúe como coordinador estratégico de actores económicos, alineándolos hacia metas comunes y creando condiciones propicias para que sus actividades crezcan, se expandan y generen transformaciones económicas amplias.
El Estado competente se sitúa entre el dirigismo clásico y la tecnocracia pura: no busca controlar directamente la actividad económica sino configurar las condiciones bajo las cuales empresas puedan surgir, desarrollarse y competir.
Tanto África como ALC han avanzado hacia este modelo —aunque con ritmos desiguales— pero ninguna región lo ha consolidado plenamente. Sus experiencias demuestran que lograr una transformación económica real y mejorar las condiciones de vida masivas requiere algo más que cambios políticos superficiales o mayor control estatal sobre activos estratégicos o reformas económicas ambiciosas. También exige instituciones capaces de coordinar actores económicos así como movilizar conocimiento técnico, financiamiento adecuado, competencias especializadas y capacidades tecnológicas necesarias para convertir oportunidades potenciales en resultados económicos concretos. Por ello, la prueba definitiva del modelo emergente no será cuánto controlan los gobiernos sino qué permiten hacer: instituciones que funcionen no como reemplazo del sector privado sino como socios estratégicos que faciliten emerger un ecosistema dinámico donde guerreros económicos conviertan potencial económico en capacidad productiva; esta última en empresas competitivas; y esas empresas en prosperidad ampliamente compartida.
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