Fuente: Listin diario
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, defendió las directrices impartidas debido a que los detenidos presentan "perfiles especialmente violentos y peligrosos".
Lecornu aseguró que tras la violencia que derivó en algunas de las protestas sociales del pasado sábado existe una maniobra política. Además, informó que ya se habían arrestado a 1.200 personas en una sola jornada en la que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.
En una declaración ante los medios poco antes de la medianoche del sábado, durante una visita para mostrar su respaldo a las fuerzas de seguridad, Lecornu señaló que el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha instruido a los fiscales para solicitar prisión provisional para los detenidos.
Explicó que esta medida se debe a que los arrestados tienen "perfiles particularmente violentos y peligrosos".
"No podemos permitir que una minoría destruya y que siempre sean los mismos quienes sufran las consecuencias", agregó después de destacar que en París se intentó atacar "los centros de poder" como el palacio del Elíseo, Matignon —residencia oficial del primer ministro— y la Asamblea Nacional.
"Se trata claramente de una maniobra política que acepta la violencia", añadió antes de enfatizar que "no nos dejaremos amedrentar".
Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de las ciudades más afectadas por los destrozos y saqueos, han solicitado reunirse con Lecornu a principios de la próxima semana, "dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación" vinculada a la violencia, el vandalismo y los robos ocurridos el sábado.
"Exigimos un análisis detallado que explique la cadena de sucesos que desembocaron en esta situación. Esto no puede ni debe repetirse", señalaron en un comunicado conjunto Emmanuel Grégoire (París), socialista; Benoît Payan (Marsella), independiente de izquierda; y Grégory Doucet (Lyon), ecologista.
Los tres funcionarios indicaron que han incluido en su iniciativa a todos los alcaldes de las localidades afectadas.
Las manifestaciones celebradas en todo el país, con un amplio listado de reivindicaciones y convocadas por diversos colectivos —desde estudiantes hasta miembros de los 'chalecos amarillos' y empleados públicos— reunieron a 550.000 personas según el Gobierno, mientras que los organizadores estiman más de 800.000 asistentes.
La gran afluencia (110.000 solo en París, según el Ministerio del Interior) superó ampliamente las expectativas del Ejecutivo, que había pronosticado un máximo de 150.000 participantes en todo el territorio.
Otra sorpresa fue la intensidad y extensión de la violencia en varias ciudades, con ataques a edificios públicos —destacando el incendio del histórico Ayuntamiento de Limoges— y saqueos en cientos de comercios.
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