Fuente: Lency Alcántara/lency_alcantara@hoy.com.do
Mientras el Congreso analiza proyectos para constituir las provincias Santa Lucía y Matías Ramón Mella, un investigador advierte que muchas de estas divisiones responden más a intereses clientelares que a verdaderas necesidades de desarrollo.
La propuesta de establecer nuevas provincias en la República Dominicana reactiva el debate sobre los criterios que deberían regir la división político-administrativa del territorio nacional.
El historiador Rafael Darío Herrera considera que el país ha alcanzado un punto en el que la creación de nuevas demarcaciones podría estar motivada más por intereses políticos que por requerimientos reales de las comunidades.
“La creación de nuevos municipios y provincias se ha acelerado”, afirmó Herrera al analizar la evolución histórica de la organización territorial dominicana y las iniciativas que actualmente se debaten en el Congreso Nacional.
Sus comentarios surgen justo cuando el Poder Legislativo examina proyectos para crear dos provincias: Santa Lucía, con base en el municipio de Las Matas de Farfán, en San Juan, y Matías Ramón Mella, mediante una reorganización territorial de la actual provincia Santo Domingo.
Estas propuestas forman parte de un debate más amplio sobre el establecimiento de nuevas demarcaciones. Un informe publicado por Diario Libre el 13 de octubre de 2026 indica que el Congreso tiene decenas de iniciativas para modificar la división territorial mediante la creación de nuevas provincias y municipios.
De 12 provincias a 32: el legado histórico
Herrera explicó que la organización territorial del país ha estado influenciada tanto por cambios demográficos y económicos como por decisiones políticas de los gobiernos en turno.
Recordó que, en 1930, cuando Rafael Leónidas Trujillo asumió el poder, el territorio dominicano estaba conformado por 12 provincias. Durante su dictadura se promovió una reestructuración territorial motivada principalmente por dos razones: el crecimiento poblacional y el interés del régimen en reforzar sus mecanismos de control político.
Según sus datos, la población dominicana creció de aproximadamente 1.48 millones en 1935 a 2.1 millones en 1950 y alcanzó tres millones en 1960.
El investigador también resaltó el proceso de urbanización y modernización que atravesó el país, especialmente tras la industrialización impulsada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando varias ciudades comenzaron a concentrar servicios básicos, instituciones educativas y centros de salud.
No obstante, señaló que las decisiones territoriales durante la dictadura también respondieron a objetivos políticos. En junio de 1938 se crearon las provincias Dajabón, inicialmente llamada Libertador; Benefactor, hoy San Juan; y Monseñor de Meriño, vinculada más tarde a Monte Plata, como parte de esa reorganización territorial.
Intereses políticos versus necesidades reales
Al referirse a las motivaciones detrás de la creación de nuevas provincias tras la dictadura, Herrera indicó que en muchos casos estas iniciativas han buscado favorecer intereses clientelares y ampliar los espacios para la distribución de cargos y recursos públicos.
En su opinión, la formación de provincias, municipios y distritos municipales no siempre está respaldada por estudios que demuestren una necesidad real para mejorar los servicios públicos, la planificación territorial o la administración estatal.
Sin embargo, reconoció algunas excepciones. Mencionó la creación en 1982 de la provincia Monseñor Nouel, cuya importancia económica estuvo ligada a la empresa minera Falconbridge, como ejemplo donde una actividad económica justificó su establecimiento.
El historiador también apuntó que la aprobación de nuevas demarcaciones suele ser favorecida cuando un sector político tiene mayoría en ambas cámaras legislativas.
Santa Lucía y Matías Ramón Mella en el foco legislativo
Entre las propuestas que generan discusión está la creación de la provincia Santa Lucía, presentada por el senador Félix Bautista. Esta iniciativa plantea convertir a Las Matas de Farfán en cabecera de una nueva provincia que incluiría además los municipios El Cercado y Vallejuelo.
La otra propuesta busca establecer la provincia Matías Ramón Mella mediante una reorganización territorial dentro del actual ámbito provincial Santo Domingo.
Ambos proyectos deben seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
Para Herrera, el debate no debería limitarse a determinar qué comunidades desean ser provincias sino basarse en criterios demográficos, económicos, sociales y administrativos que permitan evaluar si una nueva división mejoraría efectivamente la calidad de vida de sus habitantes.
“La indiferencia hacia los intereses nacionales”
Al referirse a las iniciativas actualmente discutidas, el historiador fue especialmente crítico con los legisladores.
“Hasta donde sé no se han presentado argumentos sólidos para justificar nuevas divisiones territoriales”, expresó, señalando que esta situación revela, a su juicio, intereses políticos particulares y deficiencias en el ejercicio legislativo.
Herrera advirtió que República Dominicana ya cuenta con 32 provincias y 158 municipios, por lo cual considera indispensable examinar con rigor cualquier propuesta que implique ampliar esta estructura.
La discusión plantea interrogantes sobre los costos administrativos asociados a crear nuevas demarcaciones, cómo se distribuirán los recursos públicos, quiénes serán designados autoridades y si el Estado podrá garantizar servicios eficientes en todo el territorio.
Más allá del legítimo deseo de comunidades que buscan mayor proximidad con las instituciones públicas, el debate enfrenta dos cuestiones clave: si crear nuevas provincias mejoraría realmente la gestión estatal o si solo aumentaría la fragmentación territorial sin ofrecer beneficios concretos para la población.
El reto para el Congreso Nacional es discernir cuáles iniciativas están fundamentadas en necesidades verificables y cuáles requieren justificaciones más sólidas antes de avanzar legislativamente.
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