Fuente: Listin diario
El juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Cruz Quezada, impuso a la psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera la medida de presentación periódica junto a una garantía económica de RD$50,000, tras la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva para la médica.
Jean Cristofer Pérez, abogado de la doctora, cuestionó los fundamentos de la acusación y aseguró que no existen pruebas que relacionen a su representada con los hechos bajo investigación.
"El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva en un caso donde no hay ni un solo elemento probatorio que vincule a la doctora Ylsa Quero con los hechos inicialmente imputados", manifestó Pérez.
Asimismo, el defensor destacó que la psiquiatra no aparece mencionada en una acusación previa relacionada con el caso.
"En este mismo expediente ya se presentó una acusación en la cual en ninguna página se menciona a la doctora Ylsa Quero", afirmó.
Pérez también criticó que la imputación contra su clienta se base en declaraciones de otra persona procesada en el caso, quien habría señalado que actuó bajo órdenes de la médica.
"Una imputada sometida declaró que recibió órdenes y por eso el Ministerio Público acusa a esta doctora, basándose únicamente en lo dicho por una imputada que fue apresada y quién sabe bajo qué grado de presión emitió esas declaraciones", indicó.
El abogado cuestionó además el proceder del Ministerio Público al formular la imputación y pidió aclaraciones sobre la vinculación de su defendida con una acusación por violencia intrafamiliar.
"Según la imputación de la solicitud de medida de coerción, se acusa a ella como cómplice de violencia intrafamiliar. Quiero que me expliquen si la doctora Ilza Quero tiene algún parentesco con ese paciente para poder hacer esa imputación; así comprenderán el nivel del trabajo del Ministerio Público. Eso debe ser cuestionado", señaló.
Apoyo de profesionales médicos
Frente a la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, médicos y psiquiatras se reunieron para manifestar su apoyo a Quero Cabrera, cuya situación ha generado inquietud entre profesionales de la salud mental por las posibles consecuencias en la atención de pacientes que requieren internamiento.
Pérez aprovechó la ocasión para dirigirse a la Procuraduría General de la República y cuestionar el uso de recursos estatales en un proceso que considera infundado.
"El Estado Dominicano destina muchos recursos a procesos judiciales contra personas que realmente lo necesitan. Por tanto, movilizar todo el aparato estatal para someter sin fundamento a un miembro de la comunidad médica debe ser cuestionado", afirmó.
El abogado advirtió sobre el miedo que, según su criterio, podría generar este caso entre los profesionales sanitarios al momento de intervenir en emergencias.
"No estamos conformes con que hoy en día la comunidad médica tema aplicar protocolos de emergencia ante un paciente que requiere intervención, tal como hizo la doctora Ylsa Quero", expresó.
La psiquiatra está señalada por su presunta participación en el ingreso forzado de un ingeniero a un centro de salud mental, luego de que fuera trasladado sin su consentimiento desde una empresa constructora ubicada en Alma Rosa II, Santo Domingo Este, conforme a la investigación del Ministerio Público.
La acusación señala además que Nancy Estervina de Jesús, expareja del ingeniero e igualmente imputada en el caso, habría declarado haber realizado dicho ingreso bajo instrucciones de la doctora.
Por su parte, la defensa rechaza las imputaciones y sostiene que las acciones emprendidas por la médica estuvieron ajustadas a un protocolo de atención.
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