Fuente: Listin diario
El Consejo de Seguridad de la ONU abordó ayer la crisis en Haití durante su sesión número 10246, centrada en los avances electorales, la violencia criminal y el ataque a soldados salvadoreños.
La reunión fue encabezada por los responsables de la BINUH, la GSF y la UNSA, contando además con la participación de delegaciones regionales como las de México y República Dominicana.
Al inicio de la sesión, se emitió una condena firme contra una emboscada ocurrida el día anterior contra soldados salvadoreños integrados en la GSF, quienes fueron atacados con armas de fuego y explosivos en Puerto Príncipe al regresar de un mercado local.
El ataque dejó cuatro personas desaparecidas y evidenció el aumento de la agresividad de las pandillas.
Entre julio y septiembre de 2026 se registraron cerca de 1.000 homicidios y 100 secuestros, acompañados por elevados niveles de violencia sexual y un crecimiento en los grupos de autodefensa.
Las organizaciones delictivas han diversificado sus métodos, intensificando ataques contra comunidades rurales y urbanas —como en Artibonite, Gressier y áreas capitalinas— con el objetivo de dificultar el control estatal.
En el ámbito político, Carlos Ruiz Massieu resaltó que los preparativos electorales han alcanzado un dinamismo sin precedentes en los últimos diez años, apoyados por la publicación el 6 de octubre pasado de un decreto electoral actualizado.
Se han inscrito más de 35 partidos políticos y más de 3.500 candidatos, lo que refleja un sólido compromiso de distintos sectores nacionales.
Las nuevas normativas amplían los plazos para el registro, facilitan la candidatura femenina e introducen la inscripción en línea para el electorado.
El Consejo de Ministros aprobó el 5 de octubre una resolución destinada a garantizar la imparcialidad del sector público y sancionar el uso indebido de recursos estatales con fines electorales. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los calendarios electorales deben basarse en evaluaciones logísticas realistas para no minar la confianza ciudadana.
Funcionamiento y despliegue de la FSB
Por su parte, Jack Christofides informó que ya hay más de 2.000 soldados desplegados en terreno provenientes de seis países contribuyentes, lo que representa algo más de un tercio del total autorizado.
El principal desafío no reside en la disposición de los países donantes a enviar tropas, sino en las complicaciones relacionadas con el traslado de equipos pesados, vehículos blindados, sistemas de comunicación y capacidades de inteligencia y reconocimiento (ISR).
Con los recursos disponibles, la fuerza ha establecido bases avanzadas en Artibonite, Delmas y otras zonas estratégicas, logrando contener parcialmente la influencia de las pandillas mediante patrullajes conjuntos con la Policía Nacional haitiana (PNH).
De las 26 personas detenidas en operativos recientes, un porcentaje considerable tuvo que ser liberado debido a las graves limitaciones estructurales del sistema judicial penal haitiano.
Apoyo logístico y financiero desde la UNSA
Daniela Kroslak, responsable de la UNSA, explicó las medidas adoptadas para optimizar la cadena de suministro y reducir costos operativos, destacando el uso de rutas aéreas estratégicas coordinadas con socios internacionales como República Dominicana, Panamá y Francia.
La oficina está habilitando ocho bases logísticas y operativas en puntos clave del país para sostener el aumento progresivo del personal previsto para finales de 2026.
Se destacó también la necesidad urgente de incrementar las contribuciones al fondo fiduciario de la fuerza y al fondo para dividendos por la paz, garantizando que el despliegue militar vaya acompañado estrictamente por políticas de desarme, desmantelamiento, reinserción (DDR) y un estricto respeto a los derechos humanos.
El Consejo de Seguridad reiteró que las operaciones militares por sí solas no son suficientes para pacificar Haití.
La estabilidad duradera dependerá de que el Estado haitiano recupere su gobernabilidad territorial, restablezca servicios públicos esenciales y consolide un diálogo político inclusivo respaldado por la comunidad internacional.
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