Fuente: Olga Vergés/olga_verges@hoy.com.do
El partido criticó a la Procuraduría General por no proporcionar información acerca de los procesos vinculados a estas muertes.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) demandó al Gobierno clarificar las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y asegurar investigaciones sobre las denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales, subrayando que la seguridad ciudadana no puede prevalecer sobre el derecho a la vida.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente Temístocles Montás indicó que han registrado 55 muertes atribuidas a acciones policiales, mientras que la Organización Nacional de los Derechos Humanos ha reportado que más de 180 personas habrían fallecido en intervenciones de agentes del orden en los primeros meses del año.
Mostró especial preocupación por las acusaciones que apuntan a personas que supuestamente fueron ejecutadas tras rendirse o estar bajo control policial. Advirtió que, si estos hechos se confirman, representarían graves violaciones a los derechos fundamentales y delitos que requieren investigación y sanción.
La agrupación reconoció que los agentes policiales tienen la autoridad para proteger su vida y la de terceros frente a amenazas reales e inminentes. Sin embargo, sostuvo que esta potestad no justifica el uso letal de la fuerza contra individuos que ya no constituyen un peligro inmediato.
Responsabilidad del Estado
El partido también señaló la responsabilidad política del presidente Luis Abinader en la supervisión de la política de seguridad ciudadana, recordando que el artículo 255 de la Constitución establece que la Policía Nacional está bajo la autoridad del mandatario.
José Dantes, dirigente del PLD, indicó que en este marco es necesario determinar si las muertes denunciadas responden a acciones aisladas de algunos agentes, fallas estructurales dentro de la institución o prácticas irregulares posiblemente toleradas.
Afirmó que la falta de una orden explícita para cometer ejecuciones no exime de responsabilidades derivadas de la ausencia de supervisión, el incumplimiento del deber de prevenir actos ilegales o la carencia de sanciones.
Por ello, exigió al Gobierno responder públicamente si existe una política eficaz para prevenir ejecuciones extrajudiciales y cuáles han sido los resultados concretos de las investigaciones sobre las muertes denunciadas.
Critican política de "mano dura"
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, expresó su apoyo a la persecución de quienes violan la ley, pero advirtió que cualquier acción debe desarrollarse dentro del marco legal y respetando los acuerdos internacionales suscritos por el país.
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