Fuente: Listin diario
La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 18 de noviembre la resolución sobre el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, que busca anular la condena superior a RD$7.5 millones impuesta a la Procuraduría General de la República a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, involucrado en el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros acusados.
Esta determinación fue adoptada por los jueces Indhira Montás, presidenta del tribunal, Rafael Báez y Luz Almonte.
John Frías, defensor de Carbuccia, manifestó su confianza en que en noviembre se confirme la condena, argumentando que el Ministerio Público "no devolvió los bienes" reclamados y señalados por su representado.
El 23 de julio de 2026, la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ordenó un pago de RD$7,560,000 a favor de Carbuccia.
El abogado añadió que, de los 16 bienes incautados, se han retornado 15, quedando pendiente únicamente un teléfono celular marca Samsung S3 del año 2012.
"Solo falta ese celular. La devolución comenzó el 18 de mayo, once meses después de que un tribunal los obligara a hacerlo y justo cuando ya habíamos iniciado la liquidación de esos bienes", precisó.
Inicialmente, fue la jueza Patricia Padilla quien emitió la resolución que estableció el pago de RD$7,560,000 a Carbuccia.
Dicha suma correspondía a la liquidación de una astreinte relacionada con uno de los acusados en el caso Intrant.
Representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) explicaron que el retraso se debió a los análisis periciales realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y al traslado acelerado de evidencias tras la evacuación de un edificio del Poder Judicial, situación que ocasionó la pérdida temporal del equipo.
El Ministerio Público acusa a los implicados de posibles irregularidades en la contratación para modernizar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Según la imputación, el expediente contiene una presunta estafa al Estado por más de RD$1,300 millones y actos supuestamente saboteadores contra el sistema de semáforos en agosto de 2024.
Entre los imputados figuran también Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras y Financiero del Intrant, así como Carlos José Peguero Vargas. En la acusación se suman además Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
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