Fuente: Hoy Digital
En una medida inédita para impulsar la modernización del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) que únicamente mantenga activos aquellos impedimentos de salida del país y alertas migratorias que cuenten con respaldo judicial.
En este contexto, pidió levantar cualquier alerta o restricción de salida que no cumpla con esta condición legal, con el fin de fortalecer la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta renovación del sistema migratorio surge tras más de seis meses de trabajo intenso en una mesa técnica conjunta entre el Ministerio Público y Migración, que ha revisado datos desde 1990 para auditar exhaustivamente tres décadas de registros acumulados sin actualizaciones automáticas.
El análisis reveló que, a lo largo del tiempo, miles de personas tenían registros sin respaldo judicial, lo cual restringía su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales concluidos hace mucho o por errores administrativos sin órdenes judiciales válidas.
La disposición emitida por la Procuraduría General de la República busca modificar esta situación en beneficio de los ciudadanos.
Con ese objetivo, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó formalmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que se priorice el levantamiento de: 1) registros individuales sin base legal; 2) registros históricos no individualizados acumulados entre 1990 y 2026; y 3) registros individuales cuyos fines ya fueron cumplidos, sin importar quién los haya impuesto.
En su último reporte sobre el proceso, la Dirección General de Migración informó que ha eliminado estas restricciones a 56,140 ciudadanos, quienes han recuperado su derecho a viajar al extranjero sin inconvenientes.
La Procuraduría General de la República destacó en un comunicado que más allá de ser una simple actualización y modernización de la base de datos, esta acción representa un triunfo para los derechos fundamentales y una victoria para la Constitución.
Señaló que luego de más de seis meses dedicados a una rigurosa auditoría, depuración y análisis técnico, se corrigió una distorsión histórica acumulada con los años, evidenciada en la gran cantidad de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si afectaban derechos fundamentales.
Con esta iniciativa, tanto la Procuraduría General de la República como la Dirección General de Migración reafirman su papel como garantes de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución), reforzando la protección de las libertades personales y el libre tránsito (Arts. 40 y 46), en estricto cumplimiento con la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional seguirá trabajando hasta completar la depuración total de los datos e implementar un nuevo sistema interoperable para gestionar la imposición y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigor está prevista para diciembre del año 2026.
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