La coordinadora del Gabinete de Política Social afirma que el 70 % de los jóvenes de Oportunidad 14-24 consigue empleo directo tras completar su formación.
SANTO DOMINGO.– La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que la lucha contra la pobreza debe sustentarse en datos, mediciones socioeconómicas y políticas públicas orientadas a garantizar derechos, en lugar de prácticas clientelares.
Vásquez destacó que el 70 % de los jóvenes capacitados mediante el programa Oportunidad 14-24 logra insertarse directamente en el mercado laboral tras completar sus pasantías.
La funcionaria explicó que el modelo de protección social busca superar el enfoque asistencialista mediante iniciativas que promuevan la formación, la autonomía económica y la movilidad social de las familias en situación de vulnerabilidad.
“La pobreza está difuminada en todo el territorio y la protección social es, ante todo, una garantía de derechos humanos. Nuestro objetivo no es entregar una ayuda temporal, sino dotar a las familias de capacidades reales para sostener sus avances, generar movilidad social y evitar que reincidan en la vulnerabilidad”, expresó Vásquez.
La coordinadora sostuvo que la asignación de ayudas y beneficios sociales se apoya en levantamientos territoriales y herramientas de medición multidimensional, con el propósito de identificar las necesidades de la población y orientar los recursos públicos.
Oportunidad 14-24 impulsa la inserción laboral juvenil
Entre las iniciativas destacadas por Vásquez figura Oportunidad 14-24, un programa dirigido a jóvenes que están fuera del sistema educativo y del mercado laboral, que ofrece formación técnica durante seis meses y apoyo para transporte y alimentación.
Según los datos presentados por la funcionaria, el 70 % de los jóvenes capacitados consigue empleo directo después de completar sus pasantías. Asimismo, indicó que más de 40.000 participantes han sido afiliados a la seguridad social.
La estrategia contempla alianzas con empresas privadas para facilitar la contratación de los egresados y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.
CEDI Mujer y centros tecnológicos fortalecen la inclusión social
Vásquez también resaltó el trabajo del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI Mujer), iniciativa que ofrece atención orientada a la salud física y mental, la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a adolescentes embarazadas.
El programa tiene presencia en Santo Domingo Norte y Santiago y promueve la formación técnica como vía para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
En el ámbito de la inclusión digital, la coordinadora destacó la red de 140 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y 70 emisoras comunitarias, que ofrecen capacitación en áreas como ofimática, ciberseguridad y competencias digitales.
De acuerdo con las cifras citadas por Vásquez, estas iniciativas han impactado a cerca de 179.000 ciudadanos.
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Alianzas y seguimiento para evitar que las familias vuelvan a la pobreza
La funcionaria señaló que la política social requiere coordinación entre las instituciones públicas, las organizaciones comunitarias, las fundaciones y el sector empresarial, a fin de conectar la formación con oportunidades concretas de empleo y desarrollo económico.
También destacó la importancia del acompañamiento posterior a la entrega de ayudas y a la participación en los programas sociales. Según explicó, el objetivo es que las familias consoliden sus capacidades y alcancen condiciones económicas sostenibles antes de dejar de recibir determinados apoyos estatales.
Este seguimiento busca reducir el riesgo de que situaciones imprevistas, como la pérdida de ingresos o los problemas de salud, devuelvan a los beneficiarios a condiciones de pobreza.
Observatorio de la Pobreza apuesta por la medición de resultados
Vásquez afirmó que el seguimiento y la evaluación de los programas sociales son fundamentales para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y medir sus resultados.
En ese sentido, destacó el papel del Observatorio de la Pobreza y la Protección Social en el análisis de las intervenciones del Gabinete, mediante herramientas que permiten evaluar las condiciones socioeconómicas de la población.
La coordinadora reiteró, durante una entrevista en el programa producido por Ramón Núñez y Jacqueline Morel, que las políticas de protección social deben enfocarse en resultados verificables y en la creación de oportunidades sostenibles, con especial atención a los sectores más vulnerables.
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