Fuente: Hoy Digital
El diputado Gustavo Sánchez califica como inaceptable la práctica policial y demanda a la Cámara de Diputados que asuma su función de supervisión de las acciones estatales
Bajo la denominación de "intercambios de disparos", que en realidad son ejecuciones, la Policía Nacional se ha transformado en una máquina de terror, actuando como una banda armada que reemplaza a los tribunales y pone en riesgo tanto la institucionalidad como la democracia.
Así lo expresó el diputado del PLD por el Distrito Nacional, Gustavo Sánchez, durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, manifestando su preocupación por las actuaciones de la Policía Nacional, que vulnera derechos fundamentales al situarse al margen de la Constitución y las leyes.
Cuestiona: ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que esta expresión sirva como justificación automática para la muerte de ciudadanos a manos de quienes tienen el deber de proteger sus vidas?
Prosiguió preguntando: ¿Hasta cuándo permitiremos que el llamado intercambio de disparos reemplace las investigaciones, los procesos judiciales y las sentencias? Aclaró que enfrentar a un delincuente armado que amenaza la vida de un policía es una situación, pero es muy diferente ejecutar a una persona que podría ser capturada y procesada por la justicia.
Afirmó que la Policía Nacional no puede comportarse como si fuera una banda armada enfrentada a otra banda armada, recordando que representa al Estado dominicano, el cual está obligado a actuar conforme a la Constitución y las leyes.
Precisó que la Constitución, en su artículo 37, consagra la inviolabilidad de la vida y prohíbe imponer o aplicar la pena de muerte. Advirtió que cuando la Policía mata a un presunto delincuente en circunstancias no aclaradas debidamente, no solo priva ilegalmente a alguien de su vida, sino que también puede estar eliminando información clave para desarticular una estructura criminal.
Planteó interrogantes: ¿Quién financiaba las operaciones de ese delincuente? ¿Quién le proveía armas? ¿Quién adquiría los bienes robados? ¿Quiénes eran sus cómplices? ¿Quién dirigía esas operaciones?
Asimismo, preguntó: ¿Existían personas con poder económico, político o dentro de las mismas instituciones que se beneficiaban de sus actividades?
¡Esas son las cuestiones que una investigación criminal seria debe responder! Considera el diputado Gustavo Sánchez durante su intervención. Señaló que un delincuente detenido puede llevar hasta toda una organización criminal, mientras que si está muerto no puede declarar ante un tribunal.
Explicó que cuando estas muertes se repiten sin investigaciones independientes y transparentes, resulta legítimo cuestionar si realmente se están combatiendo las estructuras criminales o si, por el contrario, se está perdiendo la oportunidad de identificar a quienes operan detrás de ellas. "No afirmo que exista necesariamente una operación deliberada para silenciar delincuentes. Digo que el Estado tiene la obligación de investigar también esa posibilidad cuando las circunstancias lo ameriten", aclaró.
Una sociedad no debe medir la eficacia de su Policía por el número de cadáveres que genera, sino por los delitos que previene, los delincuentes capturados, las organizaciones desmanteladas y los ciudadanos protegidos.
Solicitó a la Cámara de Diputados ejercer sus facultades constitucionales de fiscalización y convocar a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana para que expliquen qué está ocurriendo con las muertes reportadas como intercambios de disparos.
Pidió que se informe cuántas personas han fallecido en esas circunstancias, cuántos casos han sido investigados por el Ministerio Público, cuántos agentes han sido llevados ante la justicia y cuáles son los protocolos que regulan el uso letal de la fuerza en operativos policiales.
Exigió que cada muerte sospechosa sea investigada independientemente, se preserven las evidencias y se establezcan responsabilidades sin importar el rango de los involucrados.
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