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Experto alerta: No puedo continuar creando normas que no se respetan

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Además, señaló que el país no puede continuar aprobando normas que las instituciones no están en capacidad de cumplir.

Fuente: Hoy Digital

La experta dominicana Stephany Rosario alertó en Cali que las políticas de contratación deben facilitar la formalización de los proveedores locales y utilizar las compras públicas como un medio para impulsar la economía de las comunidades. Además, señaló que el país no puede continuar aprobando normas que las instituciones no están en capacidad de cumplir.

"No puedo seguir creando reglas que no se cumplen", expresó la fundadora y líder de FORLEX Firma Consultora durante su intervención en el IV Congreso Internacional de Contratación Pública, realizado en dicha ciudad colombiana.

Rosario Zarzuela representó a República Dominicana en el panel denominado "Reformas institucionales y regulatorias para consolidar la profesionalización de la compra pública".

Este espacio, moderado por Enrique Díaz Bravo, de la Universidad de Sevilla y REDICOP, contó también con la participación de Juan José Pernas García, de la Universidade da Coruña, España; Liz María Centurión, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay; Luis Ferney Moreno Castillo, de la Universidad Externado de Colombia; y Aníbal Rodríguez Letelier, decano de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Chile.

El congreso fue organizado por la Universidad de San Buenaventura, sede Cali, junto a la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP), con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Observatorio de Contratación Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia, Colombia Compra Eficiente.

Más allá del otorgamiento de certificados

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La especialista afirmó que profesionalizar el sistema de compras no consiste únicamente en impartir cursos o entregar certificaciones a los servidores públicos.

Detalló que contar con funcionarios capacitados no asegura por sí solo un sistema profesional. Por ello, consideró imprescindible fortalecer a todos los actores involucrados en los procesos, incluyendo comités de compras, peritos y unidades técnicas.

Asimismo, planteó que un sistema verdaderamente profesionalizado debe operar eficazmente incluso cuando cambian las autoridades, sin depender exclusivamente del personal que ocupa los cargos.

Ministerios versus juntas distritales

Rosario recordó que el país cuenta con 158 municipios y más de 200 distritos municipales, y cuestionó la aplicación uniforme de exigencias a instituciones con capacidades muy diferentes.

"Un ministerio puede disponer de un departamento jurídico, una unidad de planificación y equipos técnicos especializados. Una pequeña junta distrital no tiene eso", defendió ante los asistentes.

En este sentido, ilustró con el caso de una junta distrital que requiere adquirir materiales para construcción. En esa comunidad hay una ferretería capaz de proveerlos, pero al no estar formalizada para contratar con el Estado, la compra termina realizándose en otro lugar, posiblemente a un costo mayor.

A su juicio, las políticas públicas deben responder a estas realidades, facilitar la formalización de los proveedores locales y aprovechar las compras estatales como una herramienta para dinamizar la economía comunitaria.

El desafío de la Ley 47-25

En cuanto a la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que reemplaza el marco vigente desde 2006, la experta señaló que aprobar una ley no transforma automáticamente el sistema. Su implementación requiere modificaciones en las prácticas y capacidades institucionales, así como que los proveedores estatales se ajusten a las nuevas exigencias.

Reconoció los avances logrados por República Dominicana en materia de compras públicas. Explicó que estos progresos son valorados en espacios internacionales aunque existan críticas internas, lo cual demanda continuar fortaleciendo las instituciones.

El congreso congregó a especialistas, académicos y representantes institucionales iberoamericanos para debatir sobre modernización normativa, fortalecimiento institucional, profesionalización, innovación y generación de valor público.

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