Fuente: Listin diario
La fiscal del Distrito de Massachusetts, Leah Foley, anunció este martes la desarticulación de una presunta red de fraude matrimonial que habría operado por más de una década en Massachusetts, Estados Unidos.
Jennifer González, ciudadana estadounidense, fue identificada como la líder del esquema y organizadora de los matrimonios. En varias grabaciones obtenidas por las autoridades, ella mencionaba que invertía las ganancias en la compra de terrenos en su país, República Dominicana.
Estos matrimonios eran concertados para que los involucrados pudieran obtener la ciudadanía estadounidense mediante la presentación de documentos falsificados ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, logrando así un estatus migratorio legal.
Según los detalles del caso, González cobraba entre 38,000 y 40,000 dólares por cada matrimonio y coordinó entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos por año durante más de diez años.
"En el cálculo más conservador, esta conspiración le habría generado seis millones de dólares a lo largo del presunto fraude", señaló la fiscal Foley en una conferencia de prensa.
El informe revela que Jennifer González se jactaba de invertir sus ganancias en negocios y propiedades en República Dominicana.
"En una conversación grabada, afirmó textualmente: Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Eso es lo que realmente hago. Me gusta comprar terrenos. Es decir, tengo muchos terrenos en mi país", declaró la fiscal, señalando además que González comentó que a sus hijos les encanta vacacionar en República Dominicana, "así que, cuando crezcan, cada uno tendrá un terreno. Tendrán algo".
De acuerdo con la fiscalía, esta mujer no solo dirigía el negocio de matrimonios fraudulentos, sino que también presuntamente contrajo un matrimonio falso con el propósito de obtener beneficios migratorios ilegales para un extranjero en situación irregular.
Los registros judiciales muestran que Jennifer González cuenta con antecedentes penales en Massachusetts, incluyendo condenas por agresión y lesiones, fraude de identidad, fraude general, entrada ilegal sin forzar acceso, posesión de herramientas para cometer robos y recepción consciente de bienes robados.
Entre sus cómplices, señalados como beneficiarios del esquema, figuran Amara Puig —quien actuaba como secretaria del negocio— así como Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill; todos ciudadanos estadounidenses que también recibían pagos de los “clientes”.








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