Fuente: CNN Español
No sorprendió que la segunda vuelta de las elecciones en Brasil resultara muy ajustada y cargada de tensión, tras una primera ronda con la menor diferencia histórica entre los dos candidatos mejor posicionados: Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), con el 47,03% de los votos, lo que equivale a 56,1 millones de sufragios, y Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), con el 45,16%, es decir, 53,9 millones de electores. A menos de 24 horas para la votación definitiva, el resultado sigue siendo incierto, aunque ya se pueden plantear escenarios respecto a los retos que enfrentará quien ocupe el Palacio de Planalto en los próximos cuatro años.
En la elección anterior, era más previsible la victoria de Jair Bolsonaro, impulsado por el clima antipolítico de 2018, el impacto tras haber sido apuñalado en Minas Gerais y el desgaste del PT producto de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
Cuatro años después, la campaña para su reelección se vio amenazada por la crítica gestión que Bolsonaro hizo frente a la pandemia en 2020 y por un ambiente constante de confrontación institucional y riesgo de ruptura democrática. Por otro lado, el regreso de Lula a las urnas, junto a antiguos rivales políticos, culminó en una victoria con un margen récordmente estrecho, cifra que podría ser superada este domingo sin importar quién resulte vencedor.
Actualmente, la tradición de que el ganador de la primera vuelta presidencial siempre confirma su triunfo en la segunda ha perdido algo de certeza, aunque sigue siendo lo más probable. Entre los factores que dificultan prever el desenlace electoral está el hecho de que en 21 de los 27 estados las estructuras políticas estatales no necesitan movilizarse para llevar a los votantes nuevamente a las urnas, dado que los gobernadores ya fueron elegidos previamente en una proporción sin precedentes en el país.
Lo que sí está más claro —aunque con detalles aún por definir— es la lista de retos que aguardan al próximo presidente.
El ritmo del ajuste fiscal
Quien asuma tendrá que implementar algún tipo de ajuste en las finanzas públicas, ya sea inmediato o paulatino. En pleno año electoral, el gobierno de Lula ha multiplicado las medidas con impacto económico, tanto aumentando gastos como reduciendo ingresos.
La prohibición de las apuestas deportivas en línea, publicada el 25 de septiembre, se estima que le costará al Tesoro brasileño alrededor de 6.800 millones de reales (unos US$ 1.360 millones) en ingresos hasta 2027, según datos del Ministerio de Planificación. Esta acción fue interpretada como una estrategia electoral de Lula para atraer votos, ya que beneficiaría a familias endeudadas al evitar fugas financieras. Las encuestas mostraban que la mayoría apoyaba esta restricción, pese al posible perjuicio para actividades como el patrocinio deportivo.
Ya en esta segunda vuelta, una ley perdonó más de 12.000 millones de reales (aproximadamente US$ 2.400 millones) en deuda a microemprendedores individuales con el Estado federal; no obstante, el costo total del paquete podría superar los 16.000 millones de reales (cerca de US$ 3.200 millones). Además está la promesa pendiente del Congreso sobre transporte público gratuito durante los fines de semana mediante subsidios. Las estimaciones varían, pero todas estas medidas podrían alcanzar un monto superior a 300.000 millones de reales (aproximadamente US$ 60.000 millones), según la Institución Fiscal Independiente (IFI).
Economistas y analistas fiscales critican que la situación financiera del país no es lo suficientemente cómoda para permitir tales medidas. La deuda bruta del Gobierno llegó al 82,9% del PIB en agosto, lo que representa un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al cierre previsto para fines de 2025, según informó el Banco Central. En teoría, Flávio genera expectativas entre actores económicos sobre una posible reversión de esta tendencia al alza mediante ajustes fiscales más severos; mientras Lula parece inclinarse por mantener un manejo menos abrupto en las cuentas públicas.
Las acciones adoptadas por Lula no son casuales. Tras asumir en 2023 y lograr un pacto institucional luego de los ataques del 8 de enero contra sedes oficiales —que causaron daños en las instalaciones de los Tres Poderes— gobernó dos años con índices positivos de aprobación. Sin embargo, en 2025 esa tendencia se revirtió y desde entonces no volvió a ser favorable ni siquiera durante este año electoral.
Históricamente, todos los presidentes candidatos a la reelección —ya sean de izquierda o derecha— lograron aumentar su índice de aprobación; pero este año las líneas entre aprobación y desaprobación evolucionaron casi paralelamente y tardaron más tiempo del habitual en acercarse.
Tras la crisis en el Supremo: desafío sobre el levantamiento del secreto
La percepción negativa hacia el Ejecutivo se mezcla con un malestar generalizado sobre el funcionamiento institucional, agravado por la crisis que atraviesa el Supremo Tribunal Federal (STF), con magistrados bajo sospecha y las investigaciones vinculadas al caso Master y fraudes en jubilaciones y pensiones. Los propios candidatos no solo intercambiaron acusaciones éticas sino que involucraron a personas cercanas: Fábio Luís Lula da Silva —hijo del expresidente— y Willer Tomaz —abogado vinculado a Flávio— ambos investigados por la Policía Federal.
En la recta final del proceso electoral, esta cuestión derivó en un enfrentamiento sobre el levantamiento del secreto bancario, fiscal y telefónico. Lula lanzó este reto a Flávio durante el primer debate televisivo entre ambos candidatos. El postulante del PL inicialmente consideró la propuesta como un farol y se mostró reticente a tomarla en serio.
Sin embargo, cuando Lula presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) su autorización para divulgar sus datos personales y familiares bajo condición recíproca con su adversario, Flávio respondió con una contrapropuesta y ambos acordaron proceder este jueves. Por ahora parece que esta medida será más una maniobra política cargada de retórica que una revelación explosiva.
Independientemente del ganador dominical, tras este intercambio intenso pero poco concreto difícilmente se pueda anticipar qué soluciones se adoptarán para problemas reales: ¿se implementarán acciones contra magistrados del STF, legisladores o allegados sospechosos? ¿Habrá sanciones para culpables o cambios institucionales destinados a prevenir casos similares?
Lo que sí variará según quién gane es la relación con el Congreso. La primera vuelta amplió significativamente la presencia del PL y aliados derechistas frente al desempeño estable del PT —que mantuvo casi sus puestos— mientras otros partidos progresistas perdieron fuerza en ambas cámaras legislativas.
Por ello, si Lula consigue remontar históricamente tendrá aún más dificultades para negociar con un Legislativo adverso y sin un STF sólido como contrapeso. En cambio, Flávio dispondría de una bancada parlamentaria mayor que cualquier presidente elegido desde 1989; esto le otorgaría mayor gobernabilidad pero también le impondría responsabilidades para entregar resultados concretos rápidamente, especialmente en materia económica.
El próximo ocupante del Palacio de Planalto tendrá mucho trabajo tras asumir formalmente el 5 de enero. Lo único incierto es cómo y por dónde comenzará su gestión.
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