Fuente: Ethan Cohen/ethan_cohen@cnnespanol.cnn.com
La administración Trump ha presentado una demanda preventiva con el objetivo de impedir la certificación de los resultados de las elecciones al Senado de Estados Unidos en Alaska, en caso de que el senador republicano en funciones, Dan Sullivan, pierda en esta contienda clave que podría definir el equilibrio de poder en el Senado.
Esta demanda es el más reciente intento del Departamento de Justicia durante la era Trump para influir en procesos electorales, lo que entra en conflicto con el papel limitado que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo. En el documento se argumenta que un candidato llamado Daniel J. Sullivan podría causar confusión entre los votantes y solicita a un tribunal que, si el senador Sullivan pierde el próximo mes, se retrase la certificación de los resultados.
Derek Muller, profesor de derecho electoral en la Facultad de Derecho de Notre Dame, calificó la teoría legal que sustenta la demanda como “extraña e inusual”. Además, expresó dudas sobre la posibilidad real de que un tribunal actúe como propone el Departamento de Justicia.
La disputa por el control del Senado podría definirse en Alaska, donde hay escasez de encuestas confiables. En este estado, el actual senador Dan S. Sullivan y la demócrata Mary Peltola compiten en una contienda reñida. Para que los demócratas tomen el control del Senado en noviembre necesitan ganar cuatro escaños netos, y Alaska es uno de varios estados republicanos donde esperan lograrlo.
La presencia del segundo candidato con apellido Sullivan ha generado controversia y ya ha provocado disputas legales, pues los republicanos sostienen que su candidatura busca dividir votos y confundir al electorado.
Daniel J. Sullivan es un republicano registrado, pero los funcionarios electorales estatales lo incluyeron en la boleta sin afiliación partidista. En cambio, el senador Sullivan aparece descrito como “Republicano registrado” y “titular”.
En las primarias, Dan Sullivan obtuvo 68.726 votos y Daniel J. Sullivan 4.107.
A comienzos de esta semana, el expresidente Donald Trump sugirió que su administración consideraba acciones legales sobre este tema. En una publicación en Truth Social criticó que la inclusión del segundo Dan Sullivan fuera equivalente a hacer trampa.
“Es ridículo que el tribunal no haya detenido esta ESTAFA. Incluso un 1%, 2% o 3% podría marcar la diferencia”, escribió Trump. “Estamos evaluando opciones legales contundentes para eliminar de la boleta al fraudulento Daniel J. Sullivan Jr. y hacer que los demócratas rindan cuentas por su interferencia electoral, en aras de la justicia y la equidad”.
Este mes Trump también realizó un mitin en Wasilla, Alaska.
“Es simplemente hacer trampa”, afirmó respecto a la presencia de dos Dan Sullivan en la boleta. “Encontraron a un tal Dan Sullivan. Lo incitaron a generar cierta confusión”.
La demanda cita el preámbulo de una ley federal —que establece salvaguardias para los procedimientos estatales de registro electoral y protege la “integridad del proceso electoral”— como base para solicitar la intervención judicial.
“Además, Estados Unidos sufre un perjuicio cuando la certificación de una elección federal se ve empañada por una candidatura frívola, ya que ello socava la confianza en la composición y funcionamiento del gobierno federal”, señala el texto.
Muller explicó que nunca había visto un intento similar de usar el preámbulo de esa ley federal para justificar una intervención judicial como lo hace ahora el Departamento de Justicia.
“Simplemente toman fragmentos del preámbulo y sostienen que eso les otorga derecho ilimitado para suspender operaciones estatales; no creo que un tribunal acepte ese argumento”, indicó Muller.
Según el sistema electoral de Alaska, los cuatro candidatos más votados en las primarias —sin importar su afiliación política— avanzan a las elecciones generales. En esta etapa, los votantes pueden ordenar a los candidatos según preferencia. Si ningún candidato logra mayoría absoluta como primera opción, se consideran las siguientes preferencias en sucesivas rondas eliminatorias hasta determinar un ganador.
El Departamento de Justicia sostiene que existe riesgo de que quienes deseen votar por el senador titular no lo clasifiquen primero o prefieran a Daniel J. Sullivan sobre él, lo cual podría transferir esos votos a Peltola si se requieren varias rondas.
“Aunque la mayoría quiere votar por el senador Sullivan, la presencia de Daniel J. Sullivan resultará en una victoria para Peltola”, asegura la demanda.
No obstante, este sistema por orden de preferencia puede ayudar a mitigar este tipo de confusión.
A diferencia del voto tradicional donde sólo se escoge un candidato, un elector podría ordenar a ambos Sullivan como primero y segundo lugar indistintamente. Siempre que Peltola no obtenga mayoría absoluta inicial, su voto acabaría favoreciendo al titular dada su mayor base de apoyo.
En junio pasado, antes de las primarias estatales, la Corte Suprema de Alaska ordenó incluir a Daniel J. Sullivan en la boleta luego de que fuera excluido por la División Electoral estatal.
Muller destacó que las autoridades electorales locales hicieron todo lo posible para reducir confusiones: añadieron iniciales del segundo nombre, identificaron a Dan S. Sullivan como titular y omitieron mencionar partido alguno junto al otro candidato.
“Esto es fuego amigo; se trata de demandar a republicanos en Alaska. No sé cómo reaccionarán los funcionarios estatales”, comentó Muller.
El Gobierno pidió al tribunal declarar ilegal la certificación si está “afectada por confusión” y suspenderla hasta realizar una investigación para determinar si quienes querían apoyar al titular votaron por el otro Sullivan.
Sin embargo, debido al anonimato y mezcla de boletas, resulta incierto cómo se podría identificar a posteriori quién votó erróneamente por cuál candidato.
“Son cosas imposibles de medir después del hecho”, señaló Muller.
Las autoridades electorales prevén iniciar el recuento bajo orden preferencial el 18 de noviembre, más de dos semanas después del día oficial para recibir votos enviados desde el extranjero.
El caso fue asignado a la jueza Sharon L. Gleason, nombrada por Barack Obama. La administración aún no ha solicitado medidas urgentes para actuar inmediatamente.
Ben Ginsberg, abogado especializado en derecho electoral y exasesor jurídico del Comité Nacional Republicano, mencionó múltiples razones legales por las cuales un tribunal federal probablemente no concedería lo pedido por la administración. Entre ellas citó una reciente decisión suprema que bloqueó modificaciones electorales cerca a comicios bajo el principio de evitar cambios inmediatos en reglas antes de elecciones próximas.
Ginsberg añadió que este caso fue presentado por oficinas dirigidas por funcionarios nombrados políticamente desde Washington —quienes normalmente no lideran litigios electorales— similar a otra demanda reciente contra boletas electorales separadas en California.
“Creo que deben tener algún cliente detrás insistiendo”, opinó Ginsberg. “No hay fundamento jurídico racional para esto”.
Con información de Jeremy Herb, CNN.
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