Fuente: Karina Tsui/karina_tsui@cnnespanol.cnn.com
El Departamento de Justicia emitió este viernes una orden a los funcionarios electorales de California para que identifiquen a los presuntos no ciudadanos en los registros de votantes y separen sus votos emitidos por correo, advirtiendo que aquellos que cuenten intencionalmente estas boletas podrían enfrentar cargos penales.
Esta medida representa una intensificación en los esfuerzos de la administración Trump por realizar un escrutinio exhaustivo de los registros electorales, mientras el Gobierno continúa redoblando las acusaciones de fraude electoral basadas en las denuncias infundadas del presidente Donald Trump.
En las cartas enviadas a los funcionarios electorales de los condados californianos, se solicitaba colaboración con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para "identificar quiénes en la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no".
"Si las personas cuentan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal", advirtió Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos, en una carta dirigida a funcionarios del condado de San Bernardino a la que tuvo acceso CNN.
Estas misivas se enviaron luego de una solicitud realizada a comienzos de este mes por Trent McCotter, subsecretario interino de Justicia, quien otorgó al condado de Los Ángeles y a la Secretaria de Estado de California, Shirley Weber, un plazo de 48 horas para revisar una lista federal con presuntos no ciudadanos a quienes se les habían enviado boletas electorales por correo.
McCotter amenazó con pedir medidas cautelares urgentes si no se cumplía con esta revisión.
La carta previa, enviada el 13 de octubre, incluía una memoria USB protegida con contraseña que contenía nombres de personas que, según la administración, "probablemente no son ciudadanas" y a quienes se les había enviado papeletas para las elecciones de noviembre.
En ella se pedía que las boletas correspondientes a personas cuya ciudadanía no pudiera confirmarse fueran apartadas temporalmente en lugar de cancelar sus inscripciones.
"Mantener registros precisos del censo electoral es una responsabilidad fundamental de nuestra oficina", declaró Dean C. Logan, secretario del condado de Los Ángeles, tras recibir la carta del 13 de octubre.
"Las leyes federales y estatales establecen claramente cómo determinar la elegibilidad para votar, y cualquier acción para excluir a un votante debe basarse en información verificable, no en coincidencias preliminares sin confirmar", afirmó.
La semana pasada, el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra el estado de California y el condado de Los Ángeles para impedir que se contabilicen más de 20.000 votos por correo correspondientes a personas que, según el Gobierno, probablemente no son ciudadanas estadounidenses.
Un juez federal programó una audiencia para la próxima semana; sin embargo, el viernes el Departamento solicitó la intervención inmediata del Noveno Circuito de Apelaciones.
"Cada minuto que pasa sin separar las boletas de votantes presuntamente inelegibles implica una privación irrecuperable del derecho al voto y diluye los sufragios legítimos", indicaba la moción presentada.
Una disputa legal similar tiene lugar en Alaska, donde la administración Trump busca bloquear la certificación del resultado electoral para el Senado estatal bajo ciertas condiciones si el senador republicano Dan Sullivan pierde.
Este proceso es observado atentamente debido a que los demócratas intentan recuperar el control del Senado.
La administración ha sostenido repetidamente que cientos de miles de personas no ciudadanas están registradas para votar.
En agosto, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, afirmó que su departamento había identificado a 250.000 personas presuntamente no ciudadanas inscritas para votar en cuatro estados: California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, tras comparar los registros electorales con bases federales migratorias.
No obstante, estas afirmaciones han sido cuestionadas y algunos resultados iniciales no resistieron revisiones posteriores rigurosas.
Por ejemplo, en Nevada el DHS informó a las autoridades estatales que su hallazgo preliminar de 15.900 posibles no ciudadanos registrados era provisional y no verificado; mediante revisión manual confirmaron solamente 185 casos.
El mes pasado, funcionarios nevadenses comunicaron al DHS que tras un nuevo análisis las 185 personas resultaron ser ciudadanas estadounidenses —una conclusión que la agencia federal rechaza.
En respuesta a las cartas emitidas el viernes, el senador Alex Padilla (demócrata por California), miembro destacado en la Comisión de Reglas y Administración del Senado estadounidense —que supervisa las elecciones federales— calificó a la administración como "temerosa y desesperada".
"El Departamento de Justicia bajo Trump no ha presentado pruebas que sustentan sus alegaciones sobre un fraude electoral masivo. Han reconocido que los datos citados son inexactos e poco confiables. Por muchas demandas o amenazas dirigidas a funcionarios electorales, carecen de autoridad para interferir", declaró Padilla.
Añadió: "La administración Trump está asustada y desesperada. Sus intentos por controlar nuestras elecciones fracasarán. Apoyamos a los funcionarios electorales. California: su voto es su voz. Úsenlo y exijamos responsabilidades a esta administración".
Información proporcionada por Norma Galea, CNN.
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