Fuente: Listin diario
El Congreso de Chile aprobó una ley destinada a acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular, la cual contempla medidas como autorizar a la policía a ingresar a domicilios para detener a personas que cuentan con una orden de salida del país.
Este martes, el Congreso chileno dio luz verde a esta normativa que busca facilitar la expulsión de migrantes irregulares, incluyendo la facultad de que las fuerzas policiales accedan a residencias para capturar a quienes tengan órdenes de expulsión vigentes.
José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo, había prometido durante su campaña la expulsión de más de 330.000 migrantes que, según su criterio, residen irregularmente en el país.
Lorena Zambrano, representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes desde Tarapacá, cerca de la frontera con Perú y Bolivia, llegó hace 27 años a Chile desde Ecuador para cuidar la salud de su madre. Así expresó su opinión tras la votación en el parlamento chileno:
"Chile es prácticamente un Estados Unidos pequeño con políticas públicas deficientes. Aquí esas políticas no funcionarán porque esto no es Estados Unidos. Lamentablemente nos quedan cuatro años [del gobierno de Kast] por soportar. Las organizaciones estamos dispuestas a no retroceder, incluso si eso significa la expulsión de muchos de nosotros. Somos padres, somos hijos, hemos vivido aquí durante años. No luchamos solo por nosotros, sino por toda una generación que también tiene derecho a un futuro y un cambio verdadero, cuando un Estado realmente se preocupe porque quienes llegan al país formen parte del sistema de manera democrática, clara y respetando los derechos humanos", señaló.
Este martes, el Congreso chileno aprobó con gran mayoría —37 votos favorables en el Senado y en la Cámara de Diputados 128 votos a favor, 2 en contra y una abstención— una reforma a la ley migratoria que permite detener en sus hogares, previa orden judicial, a extranjeros sin documentación con orden de expulsión vigente. Lorena Zambrano señala que no es la primera vez que se implementan medidas similares, pero lamenta que la nueva ley afecte no solo a los indocumentados sino también a todos los extranjeros y quienes los apoyan.
"Creo que la memoria es frágil. Esto ya sucedió en 2009. En aquella ocasión, policías de investigación y Carabineros ingresaban a las casas para llevarse a migrantes en situación irregular. Aunque no era un decreto ley, sí tenían esa facultad. Son prácticas que algunos gobiernos postergan y otros retoman con fuerza. ¿Cómo enfrentarlas? Eso es lo más complejo. Lamentablemente, la prensa sensacionalista vinculada al Estado ha sido tan brutal que difunde información errónea sobre la población migrante. Esto genera también un debate entre migrantes regularizados e irregulares. Además, las organizaciones estamos al borde de ser penalizadas con la Ley Antiterrorista y de Seguridad", concluyó.
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