Fuente: Listin diario
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en su informe más reciente que el ejercicio periodístico en República Dominicana se desarrolló en un ambiente favorable.
Aunque se registraron episodios aislados de agresiones y limitaciones, las libertades de prensa y expresión en el país han avanzado dentro de un contexto considerado "favorable".
Así lo indicó la SIP en el informe divulgado el 21 de octubre de 2026.
En dicho documento, la organización también destacó algunas áreas con brechas y retos que requieren atención, especialmente aquellas relacionadas con el acceso de los periodistas a fuentes públicas, la interacción con agentes estatales, el marco legal de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital.
EPISODIOS DE RESTRICCIONES CONTRA PERIODISTAS
Como parte de los hechos documentados, la entidad defensora de la libertad de prensa recopiló "diversos episodios de agresión o restricciones" durante coberturas periodísticas.
Entre los eventos señalados, el informe relata que el 15 de mayo, Junior Marte, corresponsal de Noticias RNN en Santiago, fue empujado por un agente penitenciario en el Palacio de Justicia mientras intentaba entrevistar a un imputado que estaba siendo trasladado.
Asimismo, a finales de julio, Gregorio del Rosario, periodista y abogado en Puerto Plata, sufrió una agresión y le fue arrebatado su teléfono mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia local. Esta agresión fue atribuida a particulares.
En agosto, varios periodistas denunciaron haber sido retirados del Palacio Nacional mientras aguardaban para cubrir una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Frente a esta situación, la Dirección de Prensa del presidente Luis Abinader calificó lo ocurrido como una "confusión", asegurando que no hubo orden alguna para retirar a los periodistas y que la prensa acreditada mantiene acceso libre.
"Aunque las autoridades ofrecieron esta explicación, el episodio pone en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos y garantías para que periodistas, camarógrafos y fotógrafos puedan desempeñar su labor sin interferencias, especialmente durante coberturas sobre temas de interés público", afirmó la SIP.
El informe advierte que merece especial atención la disminución de espacios para el contacto directo entre el presidente Abinader y los medios. Esto ha generado inquietudes sobre el acceso a fuentes oficiales e información pública.
Se puntualiza que tras eliminarse "La Semanal", cesó un mecanismo regular para la interacción del jefe del Estado con los periodistas. No obstante, en agosto se anunció que se recuperarían los encuentros semanales con representantes mediáticos y que se realizarían periódicamente.
OTRAS ADVERTENCIAS
Según la SIP, el marco jurídico es otro aspecto preocupante. Las disposiciones del Código Penal vinculadas a la expresión pública han provocado alertas entre sectores periodísticos y legales debido a sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos públicos y las críticas hacia funcionarios u otras personas con responsabilidades públicas.
Tras promulgarse las modificaciones legales, el Poder Ejecutivo constituyó una comisión de seguimiento y socialización presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara e integrada por los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro, ambos miembros de la SIP.
Además, continúa el debate sobre la reforma del régimen jurídico relacionado con la libertad de expresión y la sustitución de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
A estos desafíos se suma el "deterioro" del ecosistema informativo en plataformas digitales.
El informe indica que la desinformación, contenidos sensacionalistas y publicaciones deliberadamente dañinas han ganado terreno en la conversación pública y compiten por atención y alcance con contenidos elaborados bajo estándares profesionales de verificación en ciertos espacios digitales.
"La proliferación de plataformas, canales y cuentas digitales ha ampliado el pluralismo e incorporado nuevos actores al debate público, muchos ejerciendo una labor periodística legítima. Sin embargo, también ha facilitado que se emplee una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas", ratificó.
En este contexto cobra relevancia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la permanencia de información periodística en plataformas digitales.
El informe recordó que la sentencia TC/0900/26 emitida en septiembre rechazó un recurso que buscaba eliminar publicaciones realizadas por Diario Libre y Google LLC en 2019 sobre una persona investigada en una red vinculada al narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta (“César el Abusador”). El Tribunal consideró que dicha información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se demostró falsedad. Además valoró que las publicaciones reflejaban una investigación sin presentar al reclamante como culpable.
Para la SIP, esta decisión es relevante para equilibrar libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido. Se trata además del segundo precedente del Tribunal Constitucional sobre este tema.
De igual forma, en 2020 mediante la sentencia TC/0171/20 se rechazó una solicitud similar presentada por un exoficial del Ejército para que Acento eliminara información relacionada con su desvinculación por supuestos vínculos con narcotráfico.
La Sociedad Interamericana de Prensa subrayó que estos precedentes cobran importancia ante el aumento en solicitudes para eliminar informaciones legítimamente publicadas en archivos digitales.
"La preservación de esos contenidos cuando reportan hechos públicos e interesantes para la sociedad y cumplen estándares periodísticos representa una garantía importante del derecho social a acceder a información histórica y evita que mecanismos destinados a proteger datos sean usados para borrar contenidos periodísticos legítimos", explicó la SIP.
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