Fuente: Hoy Digital
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso una condena de tres años de prisión a Miguelina Bello Segura, señalada por su participación en la venta clandestina de municiones sustraídas de la Policía Nacional en complicidad con ciudadanos haitianos, dentro del marco de la denominada Operación Pandora. Esta investigación ha revelado supuestas irregularidades en la gestión de armamentos y pertrechos bajo custodia estatal.
La sentencia se dictó luego de que la imputada alcanzara un acuerdo con el Ministerio Público, en el cual reconoció los hechos que se le atribuyen y aceptó colaborar con las autoridades en las pesquisas sobre la supuesta red criminal responsable del desvío del material.
Según el expediente acusatorio, las municiones comercializadas provenían de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entidad encargada de la custodia, administración y control de estos recursos.
Este caso forma parte de una investigación más amplia en la que el Ministerio Público estima que la presunta red causó pérdidas al Estado dominicano cercanas a los RD$92.2 millones.
Cumplirá 18 meses en prisión domiciliaria
La juez Kenya Romero homologó la sentencia, que contempla la suspensión condicional de la mitad de la pena impuesta a Bello Segura.
De esta manera, la condenada deberá cumplir un año y seis meses bajo prisión domiciliaria, mientras que el tiempo restante quedará condicionado al cumplimiento de las normas establecidas por el tribunal.
Entre las medidas impuestas se encuentran mantener residencia fija y notificar cualquier cambio de domicilio tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena.
Además, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas en exceso.
También deberá presentarse mensualmente ante la autoridad correspondiente para asegurar el seguimiento de las medidas judiciales.
La lectura completa de la sentencia está programada para el 5 de noviembre de 2026 a las 3:00 p.m., según información publicada por Diario Libre.
Municiones bajo custodia policial terminaron en comercio ilegal
Uno de los aspectos centrales de la Operación Pandora es la presunta sustracción irregular de miles de municiones, armas y otros pertrechos pertenecientes a la Policía Nacional.
De acuerdo con la acusación, parte de este material habría salido de los depósitos oficiales mediante maniobras irregulares que facilitaron su posterior comercialización fuera de los canales autorizados.
En el caso específico de Bello Segura, el Ministerio Público le atribuye haber intervenido en la venta clandestina de municiones con ciudadanos haitianos, una línea investigativa dentro del expediente.
El origen policial del material representa uno de los elementos más relevantes del proceso, ya que estos recursos estaban destinados exclusivamente para uso institucional y debían permanecer bajo estrictos mecanismos de control.
Sin embargo, el monto estimado en RD$92.2 millones corresponde al daño económico atribuido al conjunto del presunto entramado, no solo a las operaciones imputadas a Bello Segura.
Coronel y capitán están entre los acusados
La investigación también involucra a oficiales policiales que ocupaban cargos relacionados con el manejo y custodia de armamentos.
Entre los procesados enviados a juicio figuran el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la institución.
Ambos están señalados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en el manejo del material.
El auto que ordena apertura a juicio incluye además a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A varios imputados se les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de RD$500,000 mediante una aseguradora, además del impedimento para salir del país.
Estas medidas forman parte del proceso judicial vigente contra los demás acusados, quienes mantienen la presunción de inocencia hasta que se compruebe su responsabilidad mediante sentencia definitiva.
Acusaciones por desfalco y asociación ilícita
El Ministerio Público sostiene que el supuesto esquema criminal causó al Estado dominicano un perjuicio económico aproximado a RD$92.2 millones producto del robo y comercialización ilegal del material perteneciente a la Policía Nacional.
Entre los delitos imputados a los procesados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación ilícita.
La acusación también incluye presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las autoridades continúan investigando las responsabilidades individuales de los involucrados y los mecanismos que habrían facilitado el retiro y venta ilegal de recursos bajo custodia institucional.
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