Fuente: José Alfredo Espinal/jose_alfredo_espinal@hoy.com.do
Más de 300 familias campesinas del distrito municipal Villa Sonador, en Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, denunciaron ayer haber sido desalojadas de manera arbitraria de sus viviendas y despojadas de tierras estatales por sectores privados supuestamente en complicidad con oficiales militares y autoridades locales.
Organizados en la Asociación de Agricultores de Villa Sonador, los afectados explicaron la situación bajo la lluvia a los medios durante un piquete frente al Palacio de Justicia de La Vega, donde se celebraba una audiencia relacionada con el caso. Relataron que el pasado 11 de septiembre, contingentes armados ingresaron al lugar sin presentar orden judicial ni notificación previa.
Asimismo, denunciaron haber sufrido un desalojo brutal e injustificado de los terrenos agrícolas que han ocupado y cultivado durante hasta 30 años, lo que dejó a cientos de personas en la calle y provocó emergencias médicas entre adultos mayores y enfermos.
Indicaron que durante el operativo, los supuestos dueños de las tierras actuaron con agresividad, destruyendo propiedades y llevándose vacas, chivos, motocicletas, pasolas, estufas, neveras y diversos enseres domésticos.
Francisco Beltré, directivo de la Asociación de Agricultores, explicó que los predios ubicados en Sonador fueron adquiridos legalmente por ellos hace años mediante unos 25 asentamientos otorgados en su momento por el expresidente Joaquín Balaguer.
Máximo Rosario Reyes, agricultor afectado, calificó la acción como una "atrocidad" realizada al margen de la ley. "Nos sacaron como si fuéramos delincuentes de los terrenos donde sembramos el sustento de nuestras familias. Utilizaron un supuesto título inventado para apropiarse de tierras que pertenecen al Estado", afirmó.
Por su parte, Dulce Minerva Báez, de 70 años y residente del asentamiento desde hace más de una década, relató cómo fue expulsada junto a su esposo enfermo en horas de la madrugada, perdiendo todas sus pertenencias y su vivienda.
"Estaba acostada cuando llegaron y dijeron: ‘Párense de ahí, váyanse porque tenemos un desalojo’, a las 6:00 de la mañana. Mi esposo se cayó y tuvimos que llevarlo al médico. Salí sin tiempo ni para ponerme un vestido; solo salí así. Me destruyeron la casita y todo lo que había", expresó desesperada.
Mientras tanto, José Pablo Mejía Sánchez explicó que la controversia involucra las parcelas 12 y 15, las cuales están adeudadas e integradas al patrimonio estatal desde 1969 bajo el gobierno de Joaquín Balaguer.
El sacerdote y activista social Padre Rogelio Cruz, quien acompañó a los afectados en las acciones legales ante el Palacio de Justicia, calificó lo ocurrido como un "abuso de poder" por parte de quienes deberían hacer cumplir la ley.
Manifestó que el desalojo se realizó sin la notificación correspondiente, respaldado en documentos presuntamente irregulares del Abogado del Estado y con la "complicidad" de las autoridades para despojar a más de 200 familias.
Agregar Comentario