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Millones de registros falsificados ensombrecen las elecciones en Haití

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Haití se encuentra marcado por una extensa trayectoria de violencia, sorpresas, suspenso y miedo.

Fuente: Listin diario

Haití se encuentra marcado por una extensa trayectoria de violencia, sorpresas, suspenso y miedo.

Ahora, a pocos días de que se anuncie la nueva fecha para las elecciones presidenciales y legislativas de esta última semana de octubre, un informe sobre la plataforma digital del Consejo Electoral Provisional (CEP) revela la magnitud de una crisis emergente.

Se han descubierto más de 27 millones de intentos fraudulentos de registro por parte de las organizaciones políticas, un padrón electoral alarmantemente reducido y un cronograma detenido, lo que genera grandes preocupaciones sobre la legitimidad de los próximos comicios.

Desglosemos, de manera sencilla, lo que ha salido a la luz en Haití.

Para que un partido político pueda presentar candidatos en el país, el decreto electoral exige inscribir a 30.000 miembros verificados. Sin embargo, de las 105 organizaciones autorizadas, únicamente 36 han cumplido con este requisito.

Esta situación es la principal causa del "cuello de botella", que no se debe solo a la falta de organización, sino también a los intentos sistemáticos por evadir las normas.

La plataforma del CEP tuvo que bloquear e invalidar una gran cantidad de registros irregulares.

Se detectaron cerca de 16 millones de datos inconsistentes, con nombres que no coincidían con los números de identidad, discrepancias en el género y datos alterados.

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Además, 5,8 millones de identidades fueron creadas ficticiamente por organizaciones que fabricaron números de identificación falsos para aumentar sus listas.

Otros 5,3 millones de militantes aparecieron duplicados; es decir, ciudadanos registrados múltiples veces por diferentes partidos.

En total, el sistema del Consejo Electoral Provisional rechazó más de 27 millones de intentos fraudulentos de inscripción.

Aunque la tecnología del CEP fue eficaz para detener estos datos falsos, las cifras evidencian una práctica extendida entre los actores políticos para asegurar su inclusión en el proceso.

Lo más preocupante no es solo el intento de fraude, sino la impunidad institucional claramente reflejada en el decreto electoral actual en Haití.

Este decreto establece duras sanciones individuales, incluyendo cadena perpetua y multas millonarias por falsificación documental, pero no contempla medidas ni descalificaciones directas contra los partidos o grupos políticos implicados en fraudes masivos.

Esto constituye un verdadero problema institucional.

Este vacío legal permite que las organizaciones que intentaron manipular el sistema sigan participando sin enfrentar consecuencias.

A esta falta de transparencia partidaria se suma la incertidumbre entre los electores y problemas logísticos.

Al cierre del registro electoral, solamente 878.226 ciudadanos quedaron formalmente inscritos y habilitados para votar, una cifra muy baja para otorgar respaldo democrático a un nuevo gobierno.

En contraste con el reducido número de votantes registrados, la lista de aspirantes es abrumadora.

Está saturada con 17 candidatos presidenciales, más de 330 para el Senado y más de 1.100 para la Cámara de Diputados.

La fecha prevista para la primera vuelta sigue en incertidumbre debido a que el CEP aún no ha fijado un nuevo día tras posponer la elección originalmente programada para el 13 de diciembre, considerada inviable desde el punto técnico.

El CEP ha tenido que abrir negociaciones con el gobierno, mandos policiales y socios internacionales para reestructurar el calendario electoral.

Un sistema democrático como el que ha experimentado República Dominicana durante los últimos 65 años requiere reglas claras y la confianza ciudadana.

Periodistas y analistas haitianos coinciden en que avanzar hacia unos comicios con millones de irregularidades detectadas, un electorado reducido y un marco legal que no sanciona pero sí brinda impunidad ante trampas políticas pone en riesgo la legitimidad del futuro gobierno.

Los haitianos deben acudir a votar cuando lo determine el CEP, pero se necesita un proceso transparente cuyos resultados sean respetados tanto por la población como por la comunidad internacional.

De lo contrario, millones de datos falsos seguirán empañando unas elecciones aún sin fecha definida en Haití.

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