Fuente: Tierney Sneed/tierney_sneed@cnnespanol.cnn.com
Una jueza federal decidió prolongar la orden que impide la tala de árboles en un campo de golf ubicado en la ciudad de Washington, cuya renovación está siendo impulsada por el presidente Donald Trump, y estableció nuevos requisitos de notificación para cualquier cambio significativo que la administración quiera llevar a cabo en las instalaciones.
En una nueva opinión de 70 páginas, la jueza de distrito Ana Reyes citó las propias declaraciones de Trump sobre sus intenciones respecto al campo de golf East Potomac.
La jueza explicó que se vio en la necesidad de intervenir en este conflicto prolongado —que se intensificó en las últimas semanas debido a que la administración cortó más de 400 árboles en el lugar con poca antelación— porque “el Gobierno hizo lo que prometió que no haría”.
Este fallo representa un duro revés para los intentos de Trump de transformar este modesto pero valorado campo público en uno de nivel profesional. Asimismo, sienta las bases para una disputa en la corte de apelaciones en un caso que ha generado fuertes tensiones entre la administración y el poder judicial.
La reciente resolución surge tras un enfrentamiento entre la administración Trump y el tribunal federal en Washington durante una extensa audiencia celebrada la semana pasada sobre los planes presidenciales para remodelar el campo.
Las tensiones crecieron durante el proceso cuando Trump anunció en redes sociales que las obras comenzarían “inmediatamente”, mientras calificaba a Reyes de “loca desquiciada”.
“Los acontecimientos relacionados con este caso se han vuelto extraordinarios”, escribió Reyes el lunes. Consideró “preocupante” la forma apresurada en que la administración taló cientos de árboles.
“El gobierno parece haber programado la tala y notificado con retraso para impedir que los demandantes pudieran solicitar intervención judicial”, añadió Reyes. “Y sus acciones recientes ponen en duda otras declaraciones hechas ante el tribunal durante estos meses.”
Aunque Reyes no adelantó si considera que el gobierno actuó con engaño deliberado, señaló que está evaluando emitir una orden para preservar todas las comunicaciones del Departamento de Justicia (DOJ) vinculadas a la tala, lo cual indicaría una posible investigación más profunda sobre la conducta de los abogados gubernamentales.
Según la orden dictada por Reyes, la administración no podrá realizar ninguna acción que implique cortar, alterar o dañar más árboles en el lugar, salvo si es necesario para proteger la seguridad pública; en esos casos deberá informar detalladamente al tribunal. Además, Trump deberá avisar con 10 días de anticipación si planea cerrar el campo o efectuar modificaciones “irreversibles” en su diseño, especificó Reyes.
Cerca de la medianoche del lunes, Trump criticó en Truth Social la decisión de Reyes y reiteró su intención de cerrar el campo el 15 de noviembre para iniciar una renovación.
“La jueza no tiene derecho constitucional a ‘solicitar o recibir notificaciones’, lo cual consume tiempo, es innecesario, costoso e inconstitucional. Apelaremos esta decisión inmediatamente”, afirmó Trump. “Tener que dar aviso previo a una jueza sin experiencia en golf, arquitectura, paisajismo, construcción ni ningún otro aspecto relacionado con crear un proyecto de clase mundial como este, no es justo, apropiado ni constitucional.”
La demanda fue presentada por grupos defensores del patrimonio histórico y golfistas particulares que argumentaron que la administración violaba leyes ambientales al planear ejecutar los deseos renovadores de Trump sobre East Potomac, un campo que durante décadas ha ofrecido a los residentes locales acceso asequible al golf. Los planes podrían dificultar mucho el acceso y encarecer el juego, además de eliminar gran parte del parque público circundante.
Esta nueva resolución responde a la decisión administrativa del 10 de octubre pasado para talar cientos de árboles en el terreno. En los meses y días previos a esa tala masiva, funcionarios habían asegurado que los planes para renovar el campo estaban todavía en una etapa inicial y no había cambios significativos inmediatos previstos. Tras cortar más de 400 árboles, insistieron en que esa eliminación no estaba ligada a las reformas propuestas por Trump sino a un plan elaborado en 2019 para devolver al campo su estado original.
Reyes mostró profundo escepticismo frente a esa explicación. Inicialmente emitió una orden temporal que prohibía seguir talando árboles y exigía un aviso previo de tres días ante cualquier cambio importante en el campo; dicha orden estaba prevista para expirar este lunes.
En su última resolución, Reyes concluyó que resultaba más creíble la declaración pública del propio Trump acerca del inicio “inmediato” de las obras frente a lo alegado por funcionarios gubernamentales.
“El Departamento de Justicia —escribió— pide al Tribunal no creer los repetidos comentarios públicos del presidente quien ha afirmado sin lugar a dudas que el Departamento del Interior y el secretario Burgum cuentan con un plan para rediseñar el campo.”
El lunes, Reyes dedicó buena parte de su fallo a defender el rol del poder judicial como contrapeso frente al ejecutivo.
“Ningún poder estatal puede evadir su responsabilidad simplemente invocando principios de separación de poderes sin ofrecer justificación alguna. Sin embargo, eso es exactamente lo único que ha hecho el Gobierno”, sostuvo.
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