Fuente: Mohammed Tawfeeq/mohammed_tawfeeq@cnnespanol.cnn.com
Los ataques militares contra Irán han intensificado una represión interna cada vez más severa, dejando a la población iraní atrapada en medio de dos conflictos, advirtió este miércoles una experta en derechos humanos de la ONU.
“La seguridad frente a agresiones externas y la defensa contra violaciones de derechos humanos dentro del país no son alternativas incompatibles”, afirmó Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, durante la presentación de su informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Actualmente, el pueblo iraní carece de ambas protecciones. Miles de familias han sufrido pérdidas y traumas, ya sea por ataques militares o por el uso letal de la fuerza y ejecuciones ordenadas por las autoridades”, explicó.
El informe elaborado por Sato, que abarca el período entre febrero y agosto de 2026, señala que las autoridades iraníes incrementaron la presión sobre las familias y continuaron con detenciones, juicios y ejecuciones relacionados con las protestas que se desarrollaron en el país entre diciembre y enero.
“La guerra ha servido como justificación para que las autoridades intensifiquen su ofensiva y aumenten la represión”, indicó Sato.
Según el documento de esta experta, miles de personas han perdido la vida desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero; entre esos ataques se incluyen uno estadounidense contra una escuela primaria en Minab y otro cerca de un centro deportivo y varias viviendas en Lamerd.
En septiembre, una misión independiente de investigación de la ONU declaró que existían “motivos razonables” para creer que los dos ataques estadounidenses podrían constituir crímenes de guerra. La Casa Blanca rechazó esta conclusión, asegurando que Irán era el único bando en el conflicto responsable de cometer crímenes de guerra.
De acuerdo con la relatora, los manifestantes han sido presentados como agentes extranjeros hostiles a Irán, mientras que las expresiones pacíficas han sido perseguidas bajo la acusación de constituir una amenaza para la seguridad nacional, lo cual en algunos casos ha llevado a la imposición de la pena capital.
El informe detalla que al menos 34 personas han sido ejecutadas en relación con las protestas ocurridas en diciembre y enero. Sato también expresó preocupación por el respeto al debido proceso, mencionando audiencias en línea que duraban apenas unos minutos, confesiones forzadas difundidas poco después de las detenciones y juicios colectivos en los que decenas de acusados enfrentaban potenciales condenas a muerte.
Sato subrayó que la ausencia de rendición de cuentas sigue siendo una problemática fundamental; indicó que no tiene registro de investigaciones por parte de las autoridades iraníes ni tampoco del reporte público de hallazgos por parte de Estados Unidos o Israel respecto a las muertes atribuidas a sus respectivas fuerzas.
La experta instó a Irán a declarar una moratoria sobre las ejecuciones, liberar a quienes están detenidos por ejercer sus derechos, garantizar procesos judiciales justos e investigar las muertes causadas por sus fuerzas.
CNN contactó a la Embajada de Irán en Londres para solicitar comentarios sobre el informe.
Además, Sato pidió a Estados Unidos e Israel que pongan fin a las hostilidades, investiguen sus acciones bélicas y hagan públicos los resultados obtenidos.
“Independientemente de los objetivos declarados para esta guerra, esta no ha beneficiado al pueblo iraní”, concluyó. “Las hostilidades deben cesar mediante la diplomacia, colocando los derechos humanos en el centro de cualquier acuerdo”.
Agregar Comentario