Fuente: Listin diario
La juez de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Cristóbal impuso una condena de tres años de prisión a Saudy Javier Abad, conductor del camión implicado en un accidente ocurrido el 1 de agosto de 2025 en la autopista 6 de Noviembre, que causó la muerte de cinco personas y lesiones permanentes a otra.
La magistrada Ana Hernández Méndez ordenó que Javier Abad cumpla un año y diez meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, mientras que el resto, un año y dos meses, lo deberá cumplir en libertad bajo las condiciones que establezca el juez de Ejecución de la Pena correspondiente.
Entre las medidas impuestas está la obligación de residir en el domicilio declarado ante el tribunal y comunicar cualquier cambio de dirección al juez de Ejecución de la Pena.
Además, tendrá que asistir a charlas organizadas por la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) sobre normas de tránsito y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en exceso.
El tribunal también sentenció a Javier Abad al pago de las costas procesales y una multa equivalente a 15 salarios mínimos del sector público, que deberá ser abonada al Estado.
Asimismo, tanto él como el propietario del camión, Saturnino Corporán —quien fue demandado como tercero responsable civilmente— y la aseguradora deberán hacerse cargo del pago de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.
La lectura completa de la sentencia quedó programada para el 17 de noviembre de 2026 a las 2:00 p.m.
El tribunal advirtió que si Javier Abad incumple las condiciones impuestas, podría perder la suspensión parcial de la pena, lo que implicaría cumplir íntegramente los tres años en el CCR Najayo Hombres.
Conducción temeraria
Según la acusación del Ministerio Público, Javier Abad conducía el camión por la autopista 6 de Noviembre con temeridad e imprudencia hasta colisionar contra cinco motocicletas que transitaban por el paseo central de dicha vía.
El tribunal lo declaró culpable por infringir los artículos 220 y 303, numerales 4 y 5, de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que sancionan los accidentes provocados por conducción temeraria o imprudente que resulten en muertes involuntarias y lesiones permanentes.
El Ministerio Público solicitó la máxima pena prevista para esta clase de hechos, basada en el artículo 303.5 de dicha ley, que contempla penas privativas de libertad entre uno y tres años y multas entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público centralizado cuando hay muerte involuntaria.
La investigación estuvo bajo responsabilidad de la fiscalizadora Diandra Olavarría, mientras que la fiscalizadora litigante Carolina Olivares representó al Ministerio Público durante todo el proceso judicial.
Agregar Comentario