Fuente: Hoy Digital
Sin transporte no hay voto: las deficiencias que pusieron a prueba la democracia en Brasil
Estefany Monteiro/Latinoamérica21
La mañana del 25 de octubre, cuando Brasil elegía a su presidente, inspectores de la Justicia Electoral detectaron autobuses retenidos en cocheras de Salvador, una de las principales ciudades del país. En uno de esos lugares, los servicios de fiscalización encontraron 55 vehículos estacionados y en condiciones de circular. El tribunal regional exigió la inmediata reanudación del transporte gratuito y autorizó a la policía para verificar el cumplimiento de esta orden. Mientras tanto, los votantes seguían necesitando esos autobuses para llegar a las urnas antes del cierre a las cinco de la tarde.
La Constitución brasileña reconoce el sufragio universal, y el voto es obligatorio para gran parte de la población adulta. Sin embargo, este derecho se ejerce en un territorio marcado por desigualdades que van desde las periferias urbanas hasta comunidades accesibles solamente por vía fluvial. En 2023, el Supremo Tribunal Federal determinó por unanimidad que la falta de transporte colectivo gratuito durante las elecciones constituía una omisión inconstitucional. Ordenó que, a partir de 2024, los autobuses urbanos y los servicios intermunicipales y metropolitanos debían operar gratuitamente con una frecuencia equivalente a la de días hábiles. Por lo tanto, existía una obligación conocida, previa a la campaña electoral y aplicable en todos los municipios, independientemente de las afinidades políticas de sus alcaldes.
En Salvador, el alcalde Bruno Reis, perteneciente a Unión Brasil, había firmado un decreto para garantizar esa frecuencia. Además, había expresado su apoyo a Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha y opositor a Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando los jueces encontraron vehículos inmovilizados, Reis negó haber ordenado la reducción del servicio y alegó que las empresas demoraron la salida para retirar adhesivos electorales pegados en los autobuses. Esta explicación está siendo analizada junto con los registros de circulación y las instrucciones dadas a los operadores. Durante la jornada electoral, el tribunal ordenó la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, quien se encontraba en Francia; al día siguiente revocó la orden porque había expirado el periodo de flagrancia y remitió el caso al Ministerio Público Electoral y a la Policía Federal para su investigación.
Las denuncias sobre problemas en el transporte se extendieron más allá de Salvador. La campaña de Lula reportó dificultades para desplazarse en localidades de nueve estados. En São Paulo, gobernada por Ricardo Nunes, también aliado de Flávio Bolsonaro, se afirmó que no se había desplegado la flota exigida por la Justicia; el alcalde rechazó estas acusaciones. En Feira de Santana, igualmente en Bahía, se reportaron problemas bajo la administración de José Ronaldo, quien había respaldado al candidato bolsonarista. Por su parte, el Ministerio de Justicia informó sobre fallas detectadas mediante datos oficiales en ocho estados, mientras que la Policía Federal abrió o prepara investigaciones sobre posibles acciones destinadas a obstaculizar el ejercicio del voto.
La presencia de alcaldes próximos al bolsonarismo entre los municipios señalados avivó sospechas sobre una posible coordinación para limitar la participación electoral. Por eso resultan fundamentales las investigaciones: los planes operativos, mensajes entre funcionarios, directrices enviadas a las empresas y datos sobre la ubicación de los autobuses pueden determinar si se trató de fallos aislados, decisiones intencionales o algún tipo de coordinación entre administraciones. La afinidad partidaria de un alcalde no basta para probar su responsabilidad, pero tampoco exime la necesidad de esclarecer cómo se organizó el servicio bajo su gestión.
En territorios indígenas, la amenaza para votar adoptó otras formas. Según cifras divulgadas por el Ministerio Público Federal, la abstención entre electores indígenas alcanzó un 26 % en la primera vuelta, por encima del promedio nacional. Se reportaron comunidades sin combustible, embarcaciones, vehículos o intérpretes disponibles. El 24 de octubre, apenas un día antes del segundo turno, el presidente del Tribunal Superior Electoral tuvo que revertir una exigencia previa que requería autorizaciones judiciales individuales para usar vehículos y embarcaciones pertenecientes a la Unión tras una intervención fiscal. Esta corrección permitió implementar un plan de transporte aprobado con anterioridad; el riesgo de exclusión surgió esta vez debido a una exigencia administrativa impuesta demasiado tarde.
Mientras crecían las denuncias, el tiempo para votar se agotaba. Las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro solicitaron ampliar el horario electoral por razones distintas: la primera argumentó restricciones en el transporte y la segunda dificultades provocadas por lluvias en varios estados. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, solicitó información técnica y no resolvió prorrogar el horario antes del cierre oficial a las cinco. Tras un recurso presentado por la campaña de Lula, el ministro Cristiano Zanin del Supremo Tribunal Federal ordenó extender la votación hasta las siete de la noche. Para entonces muchas urnas ya habían sido cerradas y no podían abrirse nuevamente. La medida se aplicó únicamente a las mesas receptoras aún abiertas; en São Paulo, las autoridades electorales informaron que al menos el 80 % ya había cerrado cuando recibieron dicha comunicación.
Después de semanas intensas, Lula fue reelegido con 64,2 millones votos y la abstención disminuyó del 21,08 % al 19,2 % entre ambas vueltas. Estas cifras no permiten calcular cuántos votantes quedaron imposibilitados de sufragar por falta de transporte ni cuántos lograron acudir gracias a decisiones judiciales.
Esa noche Flávio anunció que no reconocería los resultados y pediría anular las elecciones. Afirmó que la prórroga alteró las reglas electorales pese a que su propia campaña también había solicitado extender el horario debido a las lluvias. La decisión tomada por Zanin ocurrió después del cierre oficial y solo pudo aplicarse donde todavía permanecían urnas abiertas. Las críticas sobre su oportunidad y alcance merecen análisis jurídico; sin embargo, una eventual anulación requiere cumplir requisitos legales estrictos y probar daños concretos.
Al día siguiente el Supremo ordenó al senador entregar sus pasaportes y le impuso prohibición para salir del país en una investigación penal diferente al conflicto electoral. Flávio declaró que no pensaba marcharse; sin entregar los documentos cruzó fronteras hacia Argentina el 27 de octubre y llegó con su familia a Miami el 28 tras una escala en Ecuador.
En Salvador fueron hallados 55 autobuses aptos para circular pero inmovilizados. Las investigaciones deberán aclarar quién decidió mantenerlos fuera de servicio y si hubo instrucciones coordinadas entre alcaldías denunciadas. La jornada culminó con más votantes acudiendo a las urnas y un resultado proclamado; sin embargo las medidas para garantizar transporte llegaron cuando ya se agotaba el tiempo disponible para votar. Para quienes no lograron llegar a sus mesas receptoras posteriores debates sobre anulación no ofrecen respuestas sobre quién debió asegurar su traslado ni por qué ese derecho no pudo ser ejercido plenamente.
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