Fuente: Tierney Sneed/tierney_sneed@cnnespanol.cnn.com
Una jueza federal emitió una orden de emergencia amplia que detiene varias tácticas agresivas utilizadas en días recientes por el Gobierno de Trump para presionar a funcionarios electorales en todo el país.
"Aunque los demandados sostienen que sus acciones buscan impedir el voto ilegal de personas no ciudadanas, es probable que esas medidas interfieran en la administración electoral y priven del derecho al voto a electores habilitados", declaró la jueza federal de distrito Trina Thompson en su fallo, mediante el cual otorgó una orden de restricción temporal el viernes por la noche.
Thompson determinó que, mientras esté vigente su orden, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no podrán exigir a funcionarios electorales de ningún estado que separen boletas, eliminen votantes de los padrones ni suspendan el procesamiento de sufragios. La jueza, nombrada por el presidente Joe Biden, también prohibió las amenazas de procesos penales contra funcionarios electorales por parte de esas agencias y señaló que el Gobierno no puede implementar otras medidas que "amenacen, intimiden o coaccionen" a dichos funcionarios para exigir modificaciones en los procedimientos de conteo bajo el argumento de que ciertos votantes no cumplen los requisitos.
En su resolución, Thompson desestimó las alegaciones sostenidas durante meses por el Gobierno, según las cuales tiene la autoridad —y la intención— de procesar penalmente a funcionarios electorales por no impedir supuestamente la votación ilegal.
"Cuando empleados estatales y locales realizan tareas como distribuir, procesar o contar boletas, o administrar de otro modo las elecciones intermedias de 2026 conforme a la ley, no cometen infracción penal federal, incluso si una boleta específica pertenece a un votante registrado que, según los demandados, supuestamente no reúne los requisitos para votar", escribió.
Además, la jueza exige que la administración informe sobre cualquier "solicitud de orden de registro, citación de un jurado investigador u otra demanda para acceder a materiales electorales o boletas" emitida en relación con listas elaboradas por la administración para alegar que ciertas personas no califican para votar.
La orden dictada por la jueza tendrá vigencia hasta el 16 de noviembre. CNN intentó obtener comentarios del Departamento de Justicia.
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