Fuente: Hoy Digital
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo la solicitud del Ministerio Público, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional confirmó nuevamente la prisión preventiva como medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a la red de corrupción que desfalco miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que el juez ratificó la prisión preventiva considerando que no han cambiado las circunstancias que motivaron su imposición.
"Esta decisión es relevante porque se mantiene la gravedad del caso y persisten las condiciones que justifican que este imputado permanezca en prisión preventiva", declaró Ramírez a los periodistas tras la audiencia celebrada el viernes.
El juez Raymundo Mejía estableció un plazo de tres meses para la próxima revisión obligatoria de esta medida.
A finales de abril pasado, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestó a Guzmán Vásquez, quien laboraba como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa desde el 8 de marzo de 2021 hasta el 1 de noviembre de 2022, cuando intentó salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de regreso.
En el proceso judicial, a Guzmán Vásquez le fue impuesta una prisión preventiva por 18 meses, confirmada posteriormente en julio pasado.
El imputado está relacionado con autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas dentro de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante diversas maniobras fraudulentas para obtener sumas económicas fuera de los límites legales.
Dentro de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga solicitudes fraudulentas de servicios hechas entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025, totalizando 4,363 autorizaciones para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado mínimo de RD$41,125,551.02.
El proceso judicial por actos corruptos
En septiembre pasado, tras iniciar la Operación Cobra 2.0, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva y domiciliaria, además de garantías económicas, a otros involucrados, incluidos profesionales médicos. En total, 24 imputados están privados de libertad.
La prisión preventiva se impuso a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes cumplirán dicha medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. Asimismo, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán prisión en el CCR Najayo Mujeres por un periodo de 18 meses.
La próxima revisión obligatoria está programada para el 22 de diciembre de 2026.
El arresto domiciliario fue impuesto a Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo enfrentan una garantía económica de dos millones de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento para salir del país y arresto domiciliario.
Por su parte, Martha María Saldaña Saldaña tiene impuesta una garantía económica por tres millones de pesos vía aseguradora, impedimento para salir del territorio nacional y arresto domiciliario.
Asimismo, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré cuentan con una garantía económica por un millón de pesos a través de una aseguradora, impedimento para salir del país y presentación periódica ante las autoridades.
Respecto al SeNaSa, el año pasado con la Operación Cobra fueron detenidos Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS; junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez. Todos cumplen distintas medidas coercitivas.
Con la formalización del caso contra los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso millonario de recursos desviados al Estado dominicano.
Al grupo se le atribuyen cargos tales como coalición de funcionarios públicos, prevaricación, asociación ilícita para delinquir, cobro ilegal de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco patrimonial, falsificación documental y lavado de activos.
Durante la investigación se han recopilado evidencias sobre sobornos masivos, alteraciones contables y programas especiales sin respaldo legal usados para desviar fondos mediante métodos fraudulentos.
El órgano acusador indicó que existió un esquema sistemático corrupto dirigido por el director ejecutivo del SeNaSa en alianza con funcionarios internos y prestadores del servicio sanitario en perjuicio del Estado dominicano.
Entre las líneas investigativas abiertas está la Operación Onco14 puesta en marcha en junio pasado. Esta acción llevó al arresto de tres personas implicadas en una estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse mediante fraudes que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes oncológicos y al SeNaSa.
Fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta —expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro directivo del IORC— junto a su esposa Luisa Yasiris Guzmán —presidenta fundacional Tócate RD-Casa de Acogida— así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Vargas Sánchez se divorció en 2014 y ocupó la vicepresidencia además fungió como auditora interna y externa del patronato durante la presidencia del imputado en dicha asociación sin fines lucrativos.
Lora Cruceta y su esposa cumplen prisión preventiva mientras Vargas Sánchez está bajo arresto domiciliario.
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